El Estado de excepción en Honduras ha sido extendido nuevamente hasta el 3 de julio de 2025, bajo el PCM número 21, desde su implementación inicial en diciembre de 2022.
Congreso Nacional, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su legalidad.
El PCM 018-2025 establece la vigencia del Estado de excepción desde el 19 de mayo hasta el 3 de julio de 2025. Según el director de Operaciones de la Policía Nacional, Miguel Pérez Suazo, la medida ha sido clave para reducir los índices criminales en el país.
Desde su implementación, el Estado de excepción ha sido prorrogado en 20 ocasiones, aunque solo un par de ellas han sido ratificadas por el Congreso Nacional. La falta de consenso entre las bancadas legislativas ha impedido que la medida sea aprobada formalmente.
Cuestionamientos sobre su legalidad
A pesar de la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta, expertos en derecho constitucional han señalado que la medida no es legal si no ha sido aprobada por el Congreso Nacional.
El abogado Oliver Erazo advirtió que la aplicación del Estado de excepción sin ratificación legislativa viola garantías constitucionales y podría exponer al país a demandas por abusos policiales.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha registrado más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad en el marco del Estado de excepción. Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, robo de pertenencias y violencia sexual.
El diputado Carlos Umaña afirmó que las bancadas de oposición no apoyarán una nueva extensión del Estado de excepción, argumentando que no ha dado los resultados esperados. Aunque reconoce que ha habido una reducción en homicidios, sostiene que la población sigue sintiendo inseguridad y que la medida no ha sido efectiva.
Por otro lado, el gobierno defiende la continuidad del Estado de excepción, asegurando que ha permitido reducir la criminalidad organizada y la extorsión en el país.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado su efectividad y han pedido que se implementen estrategias complementarias para abordar la violencia desde sus raíces.
La nueva extensión del Estado de excepción en Honduras sigue generando debate y preocupación. Mientras el gobierno insiste en su efectividad para combatir el crimen, sectores de la sociedad civil y la oposición cuestionan su legalidad y resultados.
Con la falta de consenso en el Congreso Nacional, el futuro de esta medida sigue siendo incierto.
