Con apenas 147 días sesionados en cuatro años, el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo deja un balance marcado por la desproporción entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 1,724 millones de lempiras se devengaron únicamente en sueldos y salarios para diputados y personal, mientras la productividad legislativa se mantuvo en niveles mínimos.
El análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional revela que entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso ejecutó 5,942 millones de lempiras, de los cuales 627 millones se destinaron a viáticos.
Sin embargo, los legisladores cumplieron apenas el 35% de las sesiones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), es decir, 31 días por año de los 104 posibles.
Productividad en caída libre
La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad decreciente: 2022: 929 proyectos presentados, 156 aprobados, año 2023: 243 presentados, 59 aprobados, 2024: 255 presentados, 55 aprobados.
En conjunto, la productividad fue de apenas 19% entre 2022 y 2024. Cabe destacar que el 90% de los proyectos del Poder Ejecutivo fueron aprobados, frente a solo 13% de los presentados por el Legislativo, lo que evidencia un Congreso más reactivo que propositivo.
Subvenciones y clientelismo
ASJ cuestionó el uso de las subvenciones legislativas, que en teoría deberían atender necesidades comunitarias, pero que en la práctica han reproducido patrones de clientelismo político y opacidad.
Entre 2022 y 2025 se ejecutaron más de 785 millones de lempiras, concentrándose 536 millones en los últimos dos años.
En paralelo, se aprobaron 2,850 millones de lempiras para gasto social entre 2023 y 2025, canalizados principalmente a través de Gobernación y Justicia (56%), FHIS (25%) y Sedesol (19%), sin mecanismos claros de evaluación de impacto.
Excesos y debilitamiento institucional
Más allá de lo financiero, ASJ y diversos analistas señalan que la legislatura 2022-2026 incurrió en excesos que debilitaron la institucionalidad democrática: Aprobación de un nuevo pacto de impunidad, adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elección de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales, intervención en procesos electorales.
La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, fue contundente: “El Congreso que esperan los hondureños es totalmente contrario al Congreso de Luis Redondo, un congreso que trabaje, que cumpla con su función y no abuse de su autoridad”.
ASJ instó al nuevo Congreso que asume este 21 de enero a reducir el gasto y aprobar una nueva LOPL, eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones, instituir un procedimiento obligatorio para la solicitud de viáticos.
Asimismo, fortalecer el régimen de responsabilidades frente a la inasistencia y el uso indebido de fondos, establecer una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios y mecanismos de rendición de cuentas.
El diputado electo Arnol Burgos (Partido Nacional) afirmó que asistir a todas las sesiones será un primer paso para diferenciarse de un Congreso que, en promedio, sesionó apenas 31 días por año.
ASJ también criticó decisiones que, a su juicio, debilitaron la institucionalidad, como elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos.
