Mientras la narrativa oficial se enfoca en la “refundación” del país y en una agenda política cada vez más centralizada en el poder, numerosos compromisos asumidos por el gobierno han quedado relegados al olvido, dejando a su paso una estela de frustración ciudadana y desconfianza institucional.
Honduras vive una etapa marcada por la contradicción entre el discurso de transformación y la realidad de la gestión pública. Las promesas de refundación, justicia social y lucha contra la corrupción han sido opacadas por una serie de escándalos, omisiones y fracasos institucionales que reflejan una preocupante continuidad con las prácticas del pasado.
La CICIH
Uno de los casos más emblemáticos es la no instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Prometida como una de las principales banderas de campaña por la presidenta Xiomara Castro, su llegada fue anunciada para los primeros 100 días de gobierno.
Sin embargo, a más de tres años de gestión, la CICIH sigue siendo una promesa incumplida, atrapada entre negociaciones inconclusas con la ONU y la falta de voluntad política en el Congreso Nacional.
La CICIH representaba una oportunidad histórica para Honduras de romper con décadas de corrupción institucionalizada. Su no instalación, tras cuatro prórrogas y múltiples excusas, es una muestra clara de que el poder político teme a la justicia independiente. La ciudadanía, que depositó su esperanza en un cambio real, hoy enfrenta una nueva decepción.
Caso Koriun
Más de 35,000 ciudadanos hondureños fueron víctimas de una estafa financiera masiva a través de Koriun Inversiones, una empresa que operaba bajo un esquema Ponzi, ofreciendo retornos falsos de hasta 20% mensual. Muchos invirtieron sus ahorros con la esperanza de mejorar su economía familiar, solo para descubrir que el negocio era insostenible y fraudulento.
El gobierno de Honduras, a través de distintos voceros, prometió buscar soluciones para resarcir a los afectados, incluso considerando el uso de fondos públicos para compensar las pérdidas, pero hasta ahora no ha cumplido dichas promesas.
A pesar de la magnitud del daño, las promesas de justicia y reparación hechas por la presidenta Xiomara Castro han quedado sin cumplir. Los afectados han realizado múltiples protestas frente a Casa Presidencial, exigiendo respuestas concretas y la devolución de sus ahorros.
Sin embargo, las reuniones con representantes del gobierno han sido calificadas como “vacías” y sin propuestas reales.
Avión presidencial y vehículos de lujo
Durante su campaña presidencial, Xiomara Castro prometió encabezar un gobierno austero, comprometido con eliminar los excesos del poder. Entre sus promesas más simbólicas estaban la venta del avión presidencial y la subasta de vehículos de lujo tipo Prado utilizados por funcionarios públicos.
Tres años después, ninguna de estas promesas se ha concretado, y los bienes siguen en manos del Estado, generando gastos innecesarios en mantenimiento y operación. Castro aseguró que ordenaría su venta inmediata, junto con los vehículos de lujo y una reducción de los sueldos excesivos de altos funcionarios.
Sin embargo, el proceso de subasta anunciado para marzo de 2024 nunca se llevó a cabo, y el gobierno ha justificado el retraso alegando problemas legales y técnicos con la documentación de propiedad y el estado físico del avión.
En cuanto a los vehículos tipo Prado, utilizados por funcionarios de alto rango, no se ha informado públicamente sobre su venta o redistribución, ni se ha presentado un informe de auditoría que detalle su uso, costo de mantenimiento o impacto presupuestario. La opacidad en torno a estos bienes contradice el discurso de austeridad que el gobierno ha sostenido desde su inicio.
Hospital Centro Cívico Gubernamental
Entre las múltiples promesas que marcaron la campaña presidencial de Xiomara Castro, una de las más llamativas fue la transformación del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en un hospital moderno, destinado a convertirse en uno de los más avanzados de Centroamérica.
A tres años de gestión, la propuesta sigue sin concretarse, y el edificio continúa funcionando como sede de oficinas gubernamentales, lejos de la función social que se prometió.
La idea de convertir el CCG en un hospital surgió como respuesta a la crisis estructural del sistema de salud hondureño, caracterizado por hospitales colapsados, falta de medicamentos, escasez de personal médico y condiciones indignas para los pacientes.
La promesa fue recibida con esperanza por miles de ciudadanos que esperaban una mejora tangible en el acceso a servicios de salud.
Eliminación de los Peajes
Durante su campaña presidencial, Xiomara Castro prometió eliminar los peajes como parte de su discurso de justicia social y alivio económico para la población.
La medida fue recibida con entusiasmo por miles de hondureños que diariamente enfrentan altos costos de transporte en un país con salarios bajos y servicios públicos deficientes. Sin embargo, los peajes siguen intactos, y la promesa se ha desvanecido entre excusas legales y falta de voluntad política.
La falta de acción concreta revela que la promesa de eliminar los peajes fue lanzada sin un análisis técnico ni jurídico serio. El gobierno no ha presentado alternativas viables, como renegociaciones de contratos, auditorías públicas o esquemas de compensación. En lugar de soluciones, la ciudadanía ha recibido silencio, evasivas y una creciente frustración.
Caso Sedesol
El caso conocido como “El checazo de Sedesol” ha revelado una de las prácticas más graves y descaradas de corrupción política en Honduras: el uso de fondos públicos para financiar estructuras partidarias del oficialismo, específicamente del partido Libertad y Refundación (Libre).
En el centro del escándalo se encuentra la diputada por Copán, Isis Cuéllar, quien fue grabada admitiendo que destinó recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para equipar coordinaciones del partido en su departamento.
Aunque el Partido Libre suspendió a Cuéllar de sus cargos partidarios, ella sigue activa como congresista y no enfrenta ninguna acción legal formal. La Fiscalía no ha presentado requerimientos, y el Congreso Nacional no ha iniciado ningún proceso de desafuero.
Esta inacción refuerza la percepción de impunidad y de que el discurso anticorrupción del gobierno es solo una fachada.
Nuevos casos de corrupción
La promesa de refundar Honduras sobre los pilares de la transparencia y la justicia social se desmorona ante los nuevos escándalos de corrupción protagonizados por diputados del partido oficialista Libre. Más de 150 millones de lempiras fueron canalizados a ONG vinculadas directamente al partido, sin controles efectivos ni auditorías públicas, para ejecutar obras que en muchos casos no existen, están incompletas o fueron realizadas con materiales sobrevalorados.
Entre los señalados figura el diputado Fabricio Sandoval y su suplente, quienes fueron denunciados por gestionar fondos públicos para proyectos que no se ejecutaron o presentan graves irregularidades. Las organizaciones beneficiadas, como Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), operan desde casas particulares y están dirigidas por militantes de Libre 1.
Los fondos fueron entregados por la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Tomás Vaquero, quien intentó deslindar a su dependencia de cualquier responsabilidad, alegando que los recursos pertenecen al Congreso Nacional.
Obras inconclusas
La capital de Honduras, Tegucigalpa, y su ciudad gemela Comayagüela, enfrentan una creciente frustración ciudadana ante el estancamiento de obras clave prometidas por el gobierno central y la Alcaldía del Distrito Central.
Proyectos como la represa San José, pasos a desnivel, pavimentaciones y obras de mitigación avanzan lentamente o están completamente paralizados, mientras la población denuncia abandono, falta de personal y una gestión pública sin rumbo claro.
Asimismo, el gobierno de Castro, prometió construir ocho nuevos hospitales en Honduras sigue sin cumplirse plenamente. Aunque se han anunciado avances en algunos proyectos, la mayoría de las obras están inconclusas, paralizadas o apenas en fase de planificación, lo que refleja una preocupante desconexión entre el discurso oficial y la realidad en el terreno.
Según la Secretaría de Salud (Sesal), solo tres hospitales —Salamá (Olancho), Santa Bárbara y Cofradía (Copán)— podrían concluir su primera etapa en 2025, mientras que otros cinco, incluyendo los de Tocoa, Choluteca, Islas de la Bahía y los hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ni siquiera han iniciado su construcción o apenas están en fase de estudios preliminares.
Baja ejecución presupuestaria
A julio de 2025, el gobierno de Honduras ha ejecutado apenas el 47% del presupuesto nacional, una cifra alarmante que pone en evidencia la ineficiencia institucional, la falta de planificación y la incapacidad de respuesta ante las urgencias sociales del país.
Más preocupante aún es que la inversión productiva —clave para el desarrollo económico— apenas alcanza el 22%, mientras sectores críticos como salud muestran niveles de ejecución vergonzosos: solo el 27.2% del presupuesto destinado a medicamentos ha sido utilizado.
Este bajo rendimiento no es solo un problema técnico. Es una crisis de gestión pública que tiene consecuencias directas en la vida de millones de hondureños.
Mientras los hospitales carecen de insumos, las escuelas públicas enfrentan deterioro y las comunidades esperan obras prometidas, los recursos existen, pero no se ejecutan.
A esto se suma la falta de voluntad política para reformar el sistema de inversión pública, que sigue operando con reglas obsoletas y sin mecanismos de evaluación de impacto.
Seguridad sin resultados y violencia de género en aumento
A pesar de múltiples estados de excepción decretados por el gobierno de Xiomara Castro desde 2022, la violencia en Honduras persiste y los resultados sostenibles siguen sin aparecer. Las medidas, que han incluido militarización de barrios, suspensión de garantías constitucionales y operativos masivos, han sido duramente criticadas por organismos de derechos humanos por su carácter represivo, su falta de enfoque preventivo y su impacto en comunidades vulnerables.
El gobierno ha defendido estas acciones como necesarias para combatir el crimen organizado y las extorsiones. Sin embargo, las cifras no respaldan el discurso oficial: los homicidios, las desapariciones y los delitos contra la mujer no han disminuido de forma significativa, y en algunos casos, incluso han aumentado. La ausencia de una política integral de seguridad ciudadana, basada en prevención, justicia y reinserción, ha dejado al país atrapado en un ciclo de violencia y represión.
Uno de los rostros más dolorosos de esta crisis es el alarmante aumento de los femicidios. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la mujer. Cada año, cientos de mujeres son asesinadas por razones de género, y la mayoría de los casos quedan impunes.
Carlos Zelaya y vínculos con el narcotráfico
El video filtrado por Insight Crime en septiembre de 2024 mostró al entonces secretario del Congreso Nacional y diputado de Libre, Carlos Zelaya, en una reunión con reconocidos narcotraficantes hondureños, incluyendo miembros del cartel de Los Cachiros. En la grabación, Zelaya —cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya— negocia la entrega de más de 13 millones de lempiras para financiar campañas del partido Libre, incluyendo la presidencial de 2013.
El escándalo de Carlos Zelaya golpea directamente la credibilidad del proyecto de refundación que el gobierno de Xiomara Castro ha promovido desde 2022. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico fue una de las principales banderas de campaña, pero la falta de acción ante este caso demuestra que el discurso no se traduce en hechos.
La falta de voluntad política, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, el uso partidario de fondos sociales y la impunidad ante delitos graves han erosionado la confianza ciudadana.
La refundación no puede ser solo un eslogan. Sin justicia, sin transparencia, sin resultados concretos, no hay transformación posible. El pueblo hondureño no necesita más discursos, necesita un gobierno que cumpla, que rinda cuentas y que ponga al centro de su agenda la dignidad de su gente.
