El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe que involucra directamente a la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar, en un esquema sistemático de desvío de fondos públicos provenientes del Fondo de Administración Solidaria (FAS), gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El documento, titulado Informe Especial Penal 001-2025-DDISP-SEDESOL-A, fue remitido al Fiscal General de la República y establece que los recursos asignados por el Congreso Nacional para programas sociales no fueron entregados a comunidades, patronatos, juntas de agua ni asociaciones —como lo exige el artículo 292 del Presupuesto General 2023—, sino que fueron direccionados por Cuéllar y su equipo a personas vinculadas políticamente, incluyendo candidatos de Libre, familiares y allegados con solvencia económica.
Modus operandi del desvío
Según el informe, entre julio de 2023 y febrero de 2025, Cuéllar ejecutó más de 6.5 millones de lempiras en 67 cheques, de los cuales solo se cobraron 58, por un valor superior a 5.1 millones de lempiras.
Estos fondos fueron distribuidos en pagos para supuestos emprendimientos y reparaciones de viviendas, pero no se cumplió con los requisitos legales ni con la finalidad social del fondo.
Además, se documentó que varios beneficiarios no recibieron el monto completo de las ayudas prometidas. En algunos casos, los cheques fueron cambiados y el dinero fue entregado directamente a Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada, así como a otros familiares como Alba Luz Mejía y Nora Elsa Mejía.
Uno de los elementos más contundentes del informe es un video filtrado en redes sociales, donde Cuéllar conversa con el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, detallando cómo se entregaron los recursos a estructuras del partido.
En la grabación, Cuéllar menciona la entrega de kits valorados en 125 mil lempiras a coordinaciones políticas, financiados con cheques de 100 mil lempiras que serían cambiados por personas de su confianza.
El TSC ha solicitado al Ministerio Público actuar con celeridad para deducir responsabilidades penales y administrativas. La ciudadanía, por su parte, ha expresado indignación ante lo que consideran un nuevo capítulo de corrupción institucional, comparando el caso con escándalos pasados como el del IHSS y los hospitales móviles.
Aunque Cuéllar continúa activa en redes sociales promoviendo proyectos, su partido ha anunciado una suspensión temporal de sus funciones, mientras se espera que el Ministerio Público defina los pasos legales a seguir.
Este caso, conocido ya como el “Sedesolazo”, pone en tela de juicio la transparencia en el uso de fondos públicos y la integridad de los mecanismos de asistencia social en Honduras. La atención ahora se centra en la Fiscalía, que deberá demostrar si está dispuesta a enfrentar la corrupción sin distinción de colores políticos.
