Los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 14 países miembros del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) van a acordar este jueves “consolidar y redoblar esfuerzos frente a la delincuencia transnacional organizada, con el desarrollo de capacidades efectivas para luchar contra el narcotráfico”.
Hondumedios. Se trata del punto más destacado de una Declaración conjunta de los ministros de Interior la UE y del CLASI, que está previsto que respalden en una reunión que mantendrán en Bruselas para hablar de la lucha contra la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
El CLASI, cuya “continuidad y desarrollo respaldan, fue creado el 2 de marzo de 2022 en Bruselas por siete Estados latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana) y luego se le sumaron Chile, México, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia y Honduras, con el fin de juntar a sus responsables de políticas de seguridad con el objetivo de definir conjuntamente estrategias y articular políticas públicas contra el crimen transnacional organizado.
“Nosotras y nosotros, ministras y ministros del Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y del CLASI, acordamos consolidar y redoblar los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia transnacional organizada y sus efectos negativos para las sociedades mediante un enfoque multidisciplinar, en particular mediante la innovación y el desarrollo de capacidades efectivas para luchar contra el tráfico y financiación ilícitos de drogas”.
Los otros ámbitos en los que las dos partes también se comprometen a trabajar mano a mano son “la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el diseño, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, el abuso sexual de menores, la delincuencia informática y los delitos ambientales y financieros”.
No obstante, es la situación mundial de las drogas que afecta a ambas regiones la que merece un apartado propio en la Declaración UE-CLASI, donde las dos partes se comprometen a intensificar la cooperación para abordar este problema de manera integrada, equilibrada y basada en pruebas, no solo la reducción de la oferta de drogas, sino también de su demanda y de los daños que provocan a la salud pública.
