La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
Hondumedios. Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zuniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participo en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos por más de 288 millones de lempiras (L 288, 016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, secretaria de Finanzas, secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su camparía política al menos 62 millones de lempiras, a traces de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campañas departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaria a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que Wilfredo Cerrato, desde la secretaria de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
La UFERCO solicitara la citación de algunos imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.
La presentación del requerimiento fiscal se efectúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
