La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), informó este lunes que ha abierto expedientes sancionatorios contra 1,493 precandidatos a cargos de elección popular que no presentaron sus informes de ingresos y gastos de campaña, a pesar de haber recibido una segunda prórroga otorgada por el Congreso Nacional.
El incumplimiento representa una violación directa a la Ley de Fiscalización Electoral, y las sanciones acumuladas ascienden a un total de 128,593,546 lempiras, monto que deberá ser pagado al Estado de Honduras.
Del total de 5,557 precandidatos que participaron en las elecciones primarias e internas, 4,264 cumplieron con la entrega de sus informes financieros, lo que representa un 74% de cumplimiento general. Según el comisionado Emilio Hércules, 199 precandidatos (3%) aprovecharon la segunda prórroga para presentar sus informes.
El informe presentado este lunes específico que el mayor número de aspirantes a cargos populares que aprovecharon la prórroga que dio el Congreso Nacional pertenecen al Partido Liberal, con 102 precandidatos. En total mil 290 sujetos obligados que presentaron informe financiero.
Por su parte en el partido Libertad y Refundación (Libre), solo 50 precandidatos hicieron uso de la prórroga, sumando un total de mil 732 Sujetos obligados que presentaron informe financiero, reflejando un 69% de cumplimiento.
En tanto del Partido Nacional 47 precandidatos hicieron uso de la prórroga, sumando un total de mil 242 Sujetos obligados que presentaron informe financiero, reflejando un 80% de cumplimiento.
Además, de los 1,281 precandidatos que resultaron electos, 1,267 presentaron sus informes, mientras que 14 no cumplieron, y serán sancionados conforme al artículo 56 de la ley.
El comisionado Hércules destacó que, pese a la falta de presupuesto, la UFTF continúa con su labor de fiscalización.
Actualmente, la unidad monitorea a más de 2,000 candidatos, aunque reconoce que las condiciones no son óptimas. Por ello, instó al Congreso Nacional a aprobar el presupuesto especial de 81 millones de lempiras para fortalecer la supervisión electoral.
“Las sanciones deben ampliarse y el recurso debe llegar a las arcas del Estado, no necesariamente a la UFTF”, puntualizó Hércules.
