Diputados electos de distintos partidos políticos y diversos sectores piden la acción inmediata de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre seis recursos presentados por profesionales del derecho que buscan frenar el espurio e ilegal decreto aprobado por los diputados de Libre.
La petición busca que este máximo órgano se pronuncie sobre la ilegalidad del denominado “decreto Redondo”, aprobado recientemente por legisladores del partido Libre.
Recursos legales presentados
Hasta la fecha, se han interpuesto seis recursos de inconstitucionalidad por parte de profesionales del derecho.
Estos escritos argumentan que el decreto carece de validez jurídica y que su aprobación violó principios constitucionales, lo que lo convierte en un acto espurio e irregular.
Los abogados sostienen que la Sala de lo Constitucional tiene la obligación de actuar con prontitud para evitar que se consolide un precedente que atente contra el orden democrático y la institucionalidad del país.
El decreto Redondo ha generado un fuerte debate en el ámbito político y jurídico nacional. Partido Libre defiende la medida como un mecanismo legítimo dentro de sus facultades legislativas.
Oposición y sectores independientes lo califican como un atropello a la Constitución y un intento de manipular la normativa en beneficio de intereses partidarios.
La controversia ha elevado la presión sobre la CSJ, que se encuentra en el centro de las expectativas ciudadanas.
Los diputados electos y sectores sociales insisten en que la Sala de lo Constitucional no puede permanecer en silencio ante un tema de tanta trascendencia.
Señalan que la falta de respuesta podría interpretarse como una omisión institucional y un debilitamiento del Estado de derecho. Además, recalcan que el pronunciamiento debe ser rápido y categórico, para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
Implicaciones para la democracia
Un fallo de la Sala de lo Constitucional sobre este decreto tendría repercusiones directas en:
- La legitimidad del Congreso Nacional y sus decisiones.
- La estabilidad política en el inicio de una nueva legislatura.
- La confianza ciudadana en el sistema judicial y en la defensa de la Constitución.
La presión política y social sobre la Sala de lo Constitucional refleja la magnitud del conflicto generado por el decreto Redondo. La resolución de los recursos presentados será clave para definir el rumbo institucional del país y para demostrar si la justicia hondureña está dispuesta a actuar como garante de la legalidad y la democracia.
