En un intento por calmar las aguas en medio de una creciente crisis política, la presidenta Xiomara Castro recibió en las últimas horas en Casa Presidencial a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), a quienes aseguró que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre serán “libres, transparentes y sin injerencias”.
La reunión, encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, se desarrolló en un contexto de alta tensión institucional, marcado por denuncias de represión, acusaciones de manipulación electoral y una creciente polarización entre el oficialismo y la oposición.
A pesar del tono conciliador del encuentro, las palabras de la mandataria contrastan con los hechos recientes que han puesto en entredicho la imparcialidad del proceso electoral.
Durante la cita, la presidenta reafirmó su compromiso con la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y prometió garantizar los recursos financieros y logísticos necesarios para su funcionamiento. También aseguró que, como comandante general de las Fuerzas Armadas, no permitirá injerencias en el desarrollo del proceso electoral.
Sin embargo, estas declaraciones llegan apenas horas después de que el Partido Liberal denunciara una “brutal represión” contra sus diputados y militantes durante una protesta pacífica frente al Congreso Nacional, y en medio de acusaciones de que el oficialismo busca imponer a Marlon Ochoa como presidente del CNE mediante presiones políticas y judiciales.
El gobierno también aprovechó la ocasión para recordar el papel de la OEA tras el golpe de Estado de 2009 y el informe de 2017 que denunció fraude electoral, en un intento por reforzar su narrativa de compromiso democrático. Pero para muchos sectores, estas referencias históricas no bastan para disipar las dudas sobre la transparencia del proceso actual.
La OEA, por su parte, reiteró su intención de mantener una observación técnica, imparcial y sin injerencias, con más de cien especialistas desplegados en el país. No obstante, su presencia no garantiza por sí sola la legitimidad del proceso si las condiciones internas no permiten una competencia equitativa.
Mientras el discurso oficial insiste en la transparencia, los hechos sobre el terreno —represión, tensiones en el CNE, y denuncias de parcialidad— pintan un panorama mucho más complejo. La verdadera prueba de compromiso democrático no está en las promesas ante observadores internacionales, sino en el respeto efectivo a la voluntad popular y a los derechos civiles de todos los hondureños.
