La juramentación de Zulmit Solemit Rivera Zúniga como Vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras ha encendido una nueva polémica en el tablero político nacional.
Su nombramiento, oficializado por la subsecretaria de Justicia Heidy Alachán, no solo marca un relevo en la Cancillería tras la renuncia de Antonio García, sino que también revive las denuncias de nepotismo y conflicto de interés en el gobierno de Libre.
Rivera, esposa del comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, llega al cargo en un momento crítico: con más de 400 mil documentos Nacionales de Identificación (DNI) emitidos en el extranjero y aún sin entregar, y con el voto migrante como posible factor decisivo en las elecciones de noviembre.
Un nombramiento que huele a familia
La cercanía entre Zulmit Rivera y Óscar Rivera no es solo matrimonial, sino también política. Ambos son militantes activos del Partido Libre y ahora ocupan cargos estratégicos en instituciones clave para el proceso electoral: la Cancillería y el RNP.
Esta dualidad ha sido calificada por la oposición como un “combo familiar” que pone en riesgo la transparencia del voto en el extranjero.
¿Vicecanciller o activista partidaria?
Rivera ya se presentaba como vicecanciller en sus redes sociales antes de ser oficialmente juramentada, lo que genera dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso. Además, mantiene su rol como Secretaria Ejecutiva Ad Honorem del Instituto Nacional de la Juventud, lo que complica aún más la delimitación de sus funciones.
La Cancillería, bajo su nueva dirección, deberá responder por más de 400 mil DNI emitidos a hondureños en Estados Unidos, de los cuales al menos 250 mil siguen sin ser entregados.
El presidenciable Salvador Nasralla ha exigido un inventario público y cuestiona si estas identidades podrían ser utilizadas para manipular el padrón electoral.
La designación de Rivera refuerza la percepción de que el gobierno de Libre utiliza el aparato estatal como extensión de su estructura partidaria.
El manejo de documentos de identidad por parte de una vicecanciller casada con el comisionado del RNP plantea un conflicto de interés que no puede ser ignorado.
La falta de reglamentación clara sobre el voto en el extranjero, sumada a esta designación, abre la puerta a sospechas de fraude electoral.
La diputada Maribel Espinoza calificó el nombramiento como “muy lamentable” y advirtió que el manejo de identidades es un asunto de seguridad nacional.
María Antonieta Mejía denunció que “más de 250 mil identidades no dan razón de dónde están” y pidió interpelar a Rivera y su esposo en el Congreso Nacional.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, acusó al gobierno de haber hecho “jaque mate” al voto migrante con este nombramiento.
La llegada de Zulmit Rivera a la Vicecancillería no puede analizarse como un simple relevo administrativo. Es un movimiento político que concentra poder en una estructura familiar vinculada al oficialismo, en un momento donde la transparencia electoral debería ser prioridad nacional.
