El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló una serie de hallazgos entre las cuales se mencionan las serias deficiencias en la implementación del estado de excepción y destaca la detención mayoritaria por “faltas menores” que no se alinean con los criterios establecidos en los decretos ejecutivos.
Los datos sobre la implementación del primer estado de excepción fueron contundentes y de los 1 mil 348 casos de detención, 1 mil 284, que representan el 95 %, correspondían a detenciones por faltas, solamente 36 (3 %) correspondían al delito de extorsión y 28 (2 %) al delito de asociación ilícita.
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023, revela la falta de una perspectiva de género, tanto en la normativa como en la ejecución del estado de excepción, situación que contribuye a la vulneración sistemática de los derechos humanos, especialmente contra niñas, adolescentes y mujeres mayores de 19 años.
La desnaturalización de la figura del estado de excepción implica la apertura de escenarios propicios al uso desproporcionado de la fuerza y diversas agresiones a la integridad física, psíquica y moral de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado de Honduras, advirtió el ente estatal.
La no adopción de medidas integrales que contribuyan a un abordaje serio de la violencia, compromete la responsabilidad del Estado de Honduras en términos de protección, prevención, respeto y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, según la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.
De igual manera, existen falencias fundamentalmente preocupantes en cuanto al registro de la información, lo cual, compromete la responsabilidad internacional del Estado frente a eventuales desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias o ilegales.
Hasta la fecha, el Conadeh no ha observado la construcción de otras medidas menos restrictivas o de políticas públicas, programas y mecanismos de atención, protección y prevención de la violencia y lucha contra el crimen organizado.
Al contrario, de acuerdo con la II etapa del Plan Nacional de Seguridad Solución Contra el Crimen, una de las principales medidas es la continuación de la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de la República debido a los supuestos “muy buenos resultados frente a la grave perturbación de la paz y la seguridad que se sufre en las principales ciudades del país”.
De acuerdo al informe, para realizar el monitoreo del estado de excepción, el Conadeh implementó diferentes herramientas como la recepción y registro de quejas, las inspecciones a centros de detención o postas policiales y, la, elaboración de informes especializados, en las que identificó “alarmantes” situaciones que condicionan la efectividad de esa medida.
Recordó que los datos sobre la implementación del primer estado de excepción fueron contundentes y que, de los 1 mil 348 casos de detención, 1 mil 284, que representan el 95%, correspondían a detenciones por faltas.
El Conadeh considera que las faltas no pueden categorizarse como resultado del estado de excepción ya que no coincide con los criterios establecidos dentro del Decreto Ejecutivo.
En su último informe “Desafíos invisibilizados: violencia de género durante el estado de excepción”; el Conadeh analizó 110 relatos de quejas en las que identificó las vivencias particulares de las niñas, adolescentes y mujeres durante las intervenciones de los agentes de seguridad pública.
