El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, anunció que el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción, que está en vigor desde diciembre de 2022, por 45 días adicionales.
Esta medida, que se aplicará hasta el 16 de noviembre de 2024, afectará a 226 de los 298 municipios del país. Inicialmente implementado como una respuesta a la creciente violencia y delincuencia, especialmente en formas de extorsión, sicariato y secuestro, el estado de excepción ha enfrentado duras críticas por su impacto en los derechos humanos y su efectividad.
Organismos internacionales, incluyendo el Departamento de Estado de los EE. UU. y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado preocupación por los abusos reportados bajo esta medida.
A nivel local, expertos y activistas advierten que la persistencia de estas políticas sin un enfoque integral y preventivo podría perpetuar los mismos problemas de seguridad que busca resolver.
El prolongado uso del estado de excepción ha levantado cuestionamientos sobre la militarización de la seguridad en Honduras, un tema especialmente sensible dado el compromiso previo del actual gobierno de desmilitarizar esta área.
Estas preocupaciones resaltan la necesidad de políticas de seguridad ciudadana que respeten los derechos humanos y promuevan una solución sostenible y democrática al problema de la inseguridad en la nación centroamericana.
