El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, anunció que se ha iniciado una investigación sobre empresas de seguridad privada vinculadas al crimen organizado, una práctica que, según las autoridades, permite a estas organizaciones operar bajo una fachada legal.
Sánchez explicó que estas empresas, registradas de manera formal y respaldadas por profesionales legales, han sido utilizadas como mecanismo para que miembros de estructuras delictivas porten armas de manera lícita.
“Conforman empresas de seguridad privada, totalmente lícitas, con testaferro, profesionales del derecho y toda una estructura montada, pero en la práctica las armas son portadas por personas que son supuestos miembros, pero brindan seguridad a algunas estructuras criminales”, afirmó.
El titular de Seguridad indicó que las investigaciones abarcan tanto la administración como las operaciones de las empresas señaladas, en un intento por depurar el sistema de permisos y garantizar su legalidad. “Estamos haciendo un replanteamiento de todo el sistema relacionado con la parte administrativa y operativa de la asignación de permisos de operación para empresas de seguridad”, agregó.
En su intervención, Sánchez destacó que algunas de estas empresas están directamente relacionadas con estructuras del narcotráfico, maras, pandillas y redes de extorsión, lo que agrava el impacto de su actividad en la seguridad del país.
Por otro lado, el ministro anunció que la Secretaría de Seguridad tiene previsto adquirir equipo especializado para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional. Entre estos recursos se encuentran los dispositivos Black Mamba, vehículos livianos blindados diseñados para operar en zonas con acceso limitado y comandos móviles para despliegues en áreas rurales.
