Tan solo faltan 14 días para que expire el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, un acuerdo que, en 11 años, permitió la entrega de 56 hondureños a la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Sin embargo, las recientes declaraciones de altos funcionarios estatales, incluido el Fiscal General, parecen sentenciar el futuro de esta importante herramienta jurídica.
Esta situación ha generado un intenso debate en el país, con la oposición y diversos sectores de la sociedad instando al gobierno a reconsiderar su decisión de cancelar el tratado.
El tratado, que ha sido una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fue denunciado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro el 28 de agosto de 2024.
La oposición advierte que la cancelación del tratado podría convertir a Honduras en un refugio para el crimen organizado y provocar sanciones internacionales que afectarían a los hondureños residentes en Estados Unidos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, ha declarado que el Poder Judicial está acelerando el trámite de las solicitudes de extradición pendientes antes de que el tratado expire. Esto incluye casos relacionados con el tráfico de fentanilo, una droga que ha causado un gran daño a la sociedad.
El canciller de la República, Enrique Reina, ha expresado la disposición del gobierno a dialogar con la administración de Estados Unidos para encontrar una solución que mantenga una relación positiva entre ambos países.
Sin embargo, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, y otros sectores han reiterado la necesidad de mantener el tratado para combatir eficazmente el narcotráfico y el crimen organizado.
La inminente expiración del Tratado de Extradición ha generado preocupación y debate en Honduras, con llamados a reconsiderar la decisión para evitar consecuencias negativas para el país y sus ciudadanos en el extranjero.
