El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que endurece significativamente las sanciones contra integrantes de estas estructuras y amplía las facultades operativas de las instituciones de seguridad y justicia.
La iniciativa, promovida por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue aprobada con la dispensa de dos debates y obtuvo el respaldo de 118 diputados, mientras que un grupo de legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre) decidió abstenerse durante la votación.
La nueva legislación contempla reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para investigar, perseguir y sancionar a organizaciones criminales consideradas asociaciones terroristas.
Durante su intervención, Zambrano explicó que uno de los principales cambios consiste en ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en casos relacionados con grupos terroristas, maras, pandillas, secuestro, extorsión y narcotráfico, tomando en cuenta la complejidad de estas investigaciones.
Asimismo, destacó que las reformas permitirán la realización de allanamientos sin orden judicial previa, siempre que exista una operación interinstitucional coordinada y acompañada por fiscales del Ministerio Público, cuando se determine la urgencia de actuar para evitar la destrucción de pruebas, la fuga de sospechosos o la alteración de evidencias.
Penas de hasta prisión perpetua
Uno de los aspectos más trascendentales de la normativa es el endurecimiento de las condenas para quienes integren o dirijan estructuras criminales.
Las reformas al artículo 587 del Código Penal establecen penas de entre 30 y 40 años de prisión para miembros de asociaciones terroristas, mientras que los cabecillas, líderes, financistas, promotores y organizadores podrán enfrentar condenas que van desde los 40 años hasta la prisión perpetua.
De igual manera, recibirán penas de prisión de por vida quienes recluten menores de edad para integrarlos a maras, pandillas o grupos considerados terroristas, o quienes participen en asesinatos dirigidos contra miembros de las instituciones de seguridad, defensa y justicia por razón de sus funciones.
Grafitis y símbolos serán considerados evidencia criminal
Entre las disposiciones más novedosas se incorpora la utilización de tatuajes, símbolos, señas, expresiones visuales y otros elementos distintivos como indicios de pertenencia a organizaciones criminales, siempre que sean respaldados mediante peritajes especializados y herramientas de análisis reconocidas por las autoridades.
Además, quienes elaboren, pinten o difundan grafitis, mensajes y símbolos utilizados por maras y pandillas para intimidar a la población o demostrar control territorial podrán ser considerados colaboradores o integrantes de estas estructuras, enfrentando penas de entre 30 y 40 años de prisión.
La ley también faculta a la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, autoridades municipales y otros cuerpos de seguridad para eliminar de manera inmediata este tipo de marcas en espacios públicos y privados, siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa.
La Comisión Especial que dictaminó favorablemente el proyecto incorporó recomendaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y diputados del Congreso Nacional.
Con estas reformas, el Poder Legislativo busca dotar al Estado de mecanismos más robustos para combatir organizaciones criminales, reforzar las capacidades de investigación y garantizar una respuesta más contundente frente a las amenazas que representan las maras, pandillas y asociaciones terroristas para la seguridad nacional.
