El Fiscal General, Johel Zelaya, confirmó que se presentó requerimiento en contra de varios empleados y un empresario del transporte por graves irregularidades en la logística de las elecciones del 9 de marzo, pero en ningún momento habló de responsabilidades de los militares.
Según el Fiscal General, las investigaciones revelaron anomalías significativas en la logística electoral, especialmente en el transporte de material electoral.
Entre los acusados se encuentran Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo, José Martín Pastrana Sánchez y Carlos Salomón Fonseca Robles.
Estos individuos enfrentan cargos por fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios.
El fiscal Zelaya destacó que la empresa Ingeniería Logística, contratada para gestionar el transporte, no cumplía con los requisitos establecidos en el contrato.
Aunque se requería una flota extensa, la empresa solo disponía de 10 cabezales y dos camiones, lo que generó retrasos en la entrega de materiales electorales.
Este caso pone de manifiesto las debilidades en la organización electoral y subraya la necesidad de mejorar la transparencia y la logística para futuros procesos democráticos en el país
