La violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes en 2025, con más de 110 feminicidios registrados hasta principios de junio.
Solo en mayo, el 40 % de los asesinatos reportados en el país correspondieron a mujeres, evidenciando una crisis de seguridad y derechos humanos que sigue en aumento.
El repunte de violencia contra las mujeres ha generado indignación y preocupación en la sociedad, con cuatro muertes violentas en la primera semana de junio. Estas cifras reflejan un patrón sistemático de agresiones dirigidas hacia mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica o ataques premeditados.
Organizaciones defensoras de derechos han alertado sobre la impunidad en estos casos, exigiendo acciones urgentes por parte del gobierno y las autoridades judiciales.
Varios factores contribuyen al incremento de los feminicidios en el país: Falta de protección legal efectiva, con protocolos de seguridad insuficientes para víctimas de violencia doméstica; impunidad en los delitos, ya que una gran parte de los agresores no enfrentan consecuencias legales; normalización de la violencia de género, lo que dificulta la prevención y denuncia de los casos.
Ante la crisis, se han propuesto diversas soluciones como ser el refuerzo de leyes contra el feminicidio, aumentando penas y agilizando procesos judiciales; centros de protección para mujeres, ofreciendo refugios seguros para víctimas de violencia y educación y sensibilización, cambiando paradigmas sociales sobre igualdad de género.
La urgencia de atender este problema sigue siendo prioritaria para la sociedad. La presión de la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos será clave para lograr acciones concretas que reduzcan la violencia contra las mujeres.
