El Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de su candidata, Rixi Moncada, desató una nueva polémica al atribuirse funciones propias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al anunciar una serie de medidas que exceden sus competencias como aspirante presidencial del oficialismo.
Sus declaraciones se dieron en el marco de una sesión de la Coordinación Nacional del partido, en la que también se intentó desviar la atención del escándalo de corrupción conocido como el “cheque video”.
Injerencia en los tres poderes del Estado
Moncada anunció medidas que, en la práctica, constituyen una intromisión directa en las funciones de los tres poderes del Estado:
Cancelación inmediata del Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional, mientras duren las investigaciones por corrupción. Prohibición al Ejecutivo de aprobar nuevos proyectos financiados con dichos fondos.
Exigencia de intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público en todas las secretarías de Estado.
Renuncia al fuero parlamentario por parte de la bancada de Libre y propuesta de reforma legal para eliminarlo. Inhabilitación permanente para cargos públicos a diputados que desvíen fondos.
Congelamiento de cuentas, allanamientos y secuestro de documentos por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Inventario del Fondo Departamental a cargo de la Secretaría de Transparencia.
Estas propuestas, aunque presentadas como resoluciones partidarias, han sido criticadas por su carácter injerencista y por atribuirse competencias que corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado.
Caso Isis Cuéllar y el “cheque video”
El Partido Libre confirmó la suspensión de todos los cargos partidarios de la diputada Isis Cuéllar, implicada en el escándalo del “cheque video”, que reveló el uso de fondos públicos con fines proselitistas. Cuéllar fue removida de sus funciones como: vicepresidenta del Congreso Nacional, Subjefa de bancada, coordinadora departamental, miembro de la Coordinación Nacional, candidata a diputada
Convocatoria a movilización nacional
Moncada convocó a las bases de Libre, a la resistencia y a los sectores sociales organizados a una gran movilización nacional para exigir la renuncia de los “diputados corruptos”. Calificó el 30 de noviembre, día de las elecciones, como una “batalla final”.
Además, propuso una reforma constitucional profunda en el sistema de justicia, conminando a magistrados y jueces a actuar contra la corrupción e impunidad “vigentes desde 2009”.
Ruptura con el poder económico
En un tono confrontativo, Moncada anunció la ruptura de relaciones con las estructuras de poder económico ligadas a la corrupción, señalando directamente a las “10 familias más poderosas de Honduras”. Afirmó que Libre no recibe fondos de corporaciones, bancos ni grupos empresariales.
Llamado a la comunidad internacional
Finalmente, hizo un llamado a los organismos internacionales para que observen y den seguimiento a las resoluciones de transparencia del partido y al proceso electoral, denunciando una supuesta “intromisión” del bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
