Las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron un comunicado oficial en el que hicieron un “enérgico llamado” a los medios de comunicación para que manejen la información con veracidad, objetividad y responsabilidad, evitando la difusión de noticias sin fundamento que puedan dañar la imagen de la institución.
Según el comunicado de las Fuerzas Armadas, los funcionarios que han ocupado el cargo de ministros de Defensa deben contar con un esquema de seguridad de acuerdo a la Ley de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario.
Este argumento se utilizó para justificar la presencia del uniformado, aunque de civil, acompañando a la presidenciable Rixi Moncada en un evento político.
El jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández, ha mantenido una confrontación constante con la prensa nacional, llegando incluso a denunciar a una docena de medios ante el Ministerio Público.
Sus acciones han incluido increpar a periodistas y exjefes castrenses, y ha declarado abiertamente que el gobierno utilizará a las Fuerzas Armadas para los fines políticos que considere convenientes.
Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la libertad de prensa y el papel de las Fuerzas Armadas en la política hondureña. ¿Es este comunicado un intento legítimo de proteger la imagen de una institución fundamental para la seguridad del país, o es una forma de censura que busca silenciar las críticas y controlar la narrativa mediática?
La relación entre las Fuerzas Armadas y la prensa siempre ha sido delicada, pero en un contexto de creciente descontento social y cuestionamientos sobre la transparencia y la corrupción, este tipo de comunicados pueden ser percibidos como un intento de intimidación.
La prensa tiene la responsabilidad de informar con veracidad y objetividad, pero también debe tener la libertad de cuestionar y fiscalizar a las instituciones públicas sin temor a represalias.
En última instancia, la credibilidad de las Fuerzas Armadas y su relación con la ciudadanía dependen de su capacidad para actuar con transparencia y rendir cuentas, en lugar de intentar controlar la narrativa a través de comunicados que pueden ser interpretados como una forma de censura.
Esta semana, se conoció el despido del exportavoz castrense, José Coello, a quien el alto mando le extendió la baja. El oficial, con rango de capitán, es el esposo de la candidata a diputada Saraí Espinal, quien es una férrea crítica del actual gobierno y algunas decisiones que se toman desde el alto mando de las FFAA.
