En medio de una fuerte controversia por el presunto uso indebido de fondos públicos, la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, reapareció en las últimas horas con el anuncio de un proyecto deportivo valorado en 32 millones de lempiras para el estadio Sergio Antonio Reyes, en Santa Rosa de Copán.
La legisladora compartió imágenes del inicio de la obra a través de su cuenta de Facebook, destacando la colocación de grama como símbolo de “recuperación de la alegría comunitaria”.
Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo y críticas por parte de la ciudadanía y sectores independientes, quienes lo interpretan como una maniobra para desviar la atención del escándalo que la involucra directamente.
El “checazo” de Sedesol
Cuéllar es una de las figuras centrales en el caso conocido como el “checazo de Sedesol”, donde se filtró un audio en el que admite haber distribuido kits valorados en 125 mil lempiras cada uno a estructuras políticas del partido Libre, utilizando recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En la grabación, Cuéllar detalla cómo entregó equipos de sonido, sillas, carpas, mesas y kits promocionales a 23 coordinaciones del partido, en lo que muchos han calificado como una operación de clientelismo político financiada con dinero público.
Reacciones y falta de consecuencias
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Cuéllar no ha enfrentado procesos formales ante los entes investigativos. Aunque fue suspendida temporalmente de sus funciones partidarias por Libre, pero continúa activa en el Congreso Nacional y no ha comparecido ante el Ministerio Público.
La publicación sobre el proyecto deportivo generó cientos de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el momento del anuncio, el monto asignado y la falta de consecuencias legales. “¿Cómo puede anunciar obras millonarias cuando no ha respondido por el uso de fondos públicos?”, se preguntan ciudadanos indignados.
¿Obras para limpiar imagen?
El anuncio del proyecto en Copán parece más una estrategia de reposicionamiento político que una verdadera apuesta por el desarrollo deportivo.
En un contexto donde la institucionalidad está debilitada y la rendición de cuentas es escasa, este tipo de maniobras refuerzan la percepción de impunidad y uso político del presupuesto estatal.
La falta de transparencia, la ausencia de auditorías independientes y la continuidad de Cuéllar en funciones legislativas pese a las pruebas públicas, evidencian una preocupante tolerancia institucional ante el abuso de poder.
El caso de Isis Cuéllar no solo pone en tela de juicio la gestión de Sedesol, sino que también revela cómo el aparato político puede instrumentalizar obras públicas para lavar imagen y mantener control territorial. La ciudadanía exige respuestas, no publicaciones en redes sociales.
