El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Honduras lanzó un llamado urgente al Poder Ejecutivo para aprobar el decreto que permitiría la creación de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar las graves violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, una región del Caribe hondureño marcada por más de 200 muertes en el contexto de un prolongado conflicto por la tierra.
La propuesta, elaborada en 2024 junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expertos nacionales e internacionales e instituciones estatales, plantea la creación de una instancia independiente con capacidad para esclarecer hechos, identificar responsables y promover la reparación integral a las víctimas.
Sin embargo, el decreto permanece sin aprobación en Casa Presidencial, lo que ha generado preocupación y frustración entre defensores de derechos humanos.
El Conadeh denunció la postura contradictoria del Estado, que en lugar de implementar una comisión con enfoque en derechos humanos, optó por una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, excluyendo a las víctimas y a organizaciones defensoras.
Esta comisión ha sido señalada por ordenar desalojos preventivos que han intensificado la conflictividad en la zona. Según el CESPAD, entre junio de 2023 y julio de 2024 se registraron 36 desalojos, de los cuales 33 fueron ejecutados.
La situación en el Bajo Aguán es crítica. A la histórica disputa por la tenencia de la tierra se suman la falta de seguridad jurídica, la presencia del crimen organizado, el control territorial armado y la escasa capacidad estatal para garantizar la seguridad ciudadana. Todo esto ha generado un entorno de impunidad sistemática, donde los crímenes permanecen sin investigar y las comunidades viven bajo constante amenaza.
El llamado del Conadeh a la Fiscalía para iniciar investigaciones penales contra los autores materiales e intelectuales de los asesinatos es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de voluntad política real. La falta de acción por parte del Ejecutivo no solo retrasa la justicia, sino que perpetúa el dolor y la desconfianza de las comunidades afectadas.
La creación de una Comisión de la Verdad no debe ser vista como una formalidad, sino como una obligación ética y constitucional del Estado hondureño. Es hora de que las promesas se conviertan en hechos, y que el país enfrente con seriedad las heridas abiertas del Bajo Aguán.
