La bancada del partido Nacional presentará este martes la moción para prorrogar la vigencia de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), peo el consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa, advirtió que mientras no se elimine la verificación humana de dicho mecanismo no se aceptará su extensión.
El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, dijo que ayer se reunió el peno del CNE y no aprobaron la solicitud de prórroga del TREP, porque el consejero Ochoa dijo que tenía instrucciones de no acompañar la solicitud de ampliación por parte del CNE al Congreso Nacional sino se rectificaba la verificación humana.
La postura de Ochoa —quien asegura tener instrucciones para no apoyar la prórroga mientras no se reforme el mecanismo de verificación— representa un giro que politiza aún más la herramienta tecnológica destinada a ofrecer transparencia en los comicios.
El TREP está diseñado para publicar los resultados preliminares el mismo día de las elecciones, pero sin su adjudicación, ese objetivo se desvanece. Las consecuencias legales son directas: el artículo 278 de la Ley Electoral exige que este sistema sea contratado al menos cuatro meses antes de la jornada electoral.
Bloqueo institucional y vacío de autoridad
La situación es aún más crítica si se considera que el CNE lleva semanas sin sesionar con regularidad. El boicot prolongado por parte de Ochoa, sumado a la renuncia condicionada de la consejera liberal Ana Paola Hall, deja al máximo órgano electoral del país al borde de la inoperancia.
Aunque el Partido Liberal ha propuesto a Jhosy Toscano como reemplazo, Libre ha advertido que no apoyará esa designación, lo que prolonga la fragmentación institucional en un momento decisivo.
El Congreso ante una decisión trascendental
Con los diputados convocados este martes a las 5:00 p.m., la incertidumbre domina el panorama. Aunque la bancada nacionalista tiene lista la propuesta de prórroga, la falta de consensos y la tensión política podrían impedir su aprobación.
De fracasar esta acción, Honduras entraría en una zona gris legal y operativa para organizar sus elecciones de noviembre, con riesgo de discursos de fraude y desconfianza ciudadana.
La pugna por la verificación humana dentro del TREP no debería postergar el deber supremo del CNE: garantizar elecciones limpias, creíbles y ordenadas.
Convertir un mecanismo técnico en rehén de la polarización es una señal de alarma institucional. Si los actores políticos no logran hoy destrabar el proceso, el país enfrentará una elección sin garantías mínimas de transparencia y con un órgano electoral en crisis.
¿Quién se hace responsable del voto de los hondureños? La respuesta, este martes, está en manos del Congreso.
