El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, figura emblemática de la derecha latinoamericana y fundador del partido Centro Democrático, fue condenado este 1 de agosto de 2025 a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La sentencia fue emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien también impuso una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 822,000 dólares) e inhabilitó a Uribe por ocho años para ejercer cargos públicos.
Este fallo convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, en lo que muchos medios han calificado como el “juicio del siglo”. La decisión judicial ha generado reacciones encontradas: mientras sectores progresistas celebran el fallo como un avance en la lucha contra la impunidad, sus seguidores lo consideran una persecución política.
La defensa de Uribe ya anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando irregularidades en el proceso y falta de imparcialidad.
La condena de Uribe marca un precedente histórico en América Latina, donde los expresidentes suelen evadir la justicia incluso ante graves acusaciones. Este caso podría reconfigurar el panorama político colombiano, debilitando al Centro Democrático y afectando las alianzas conservadoras en la región.
