La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) expresó su rechazo a la prolongación del estado de excepción que estará vigente durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, advirtiendo que esta medida genera una “tensión constitucional de máxima relevancia” al superponer la seguridad pública con el principio democrático.
En un comunicado oficial, la máxima casa de estudios del país subrayó que ambos pilares —seguridad y democracia— poseen igual jerarquía constitucional, pero su coexistencia exige un equilibrio estricto y una justificación reforzada conforme al artículo 187 de la Constitución de la República.
La UNAH recordó que la suspensión de garantías solo es válida en contextos de amenazas graves y excepcionales. Sin embargo, la prolongación continua del régimen de excepción, sin evidencia concreta de una amenaza extraordinaria, desnaturaliza su finalidad constitucional, especialmente en un contexto electoral donde la ciudadanía debe ejercer sus derechos políticos con plena libertad.
“La coincidencia entre la suspensión de garantías y la etapa electoral demanda un estándar reforzado de necesidad y proporcionalidad”, señaló la institución. Libertades como la de reunión, circulación, asociación, expresión y privacidad son esenciales para el debate público, la competencia política y la participación ciudadana.
Según la UNAH, las restricciones impuestas podrían afectar directamente la campaña electoral, la movilización de votantes, la cobertura periodística, la observación internacional y el monitoreo ciudadano, elementos fundamentales para garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas.
“La Constitución prohíbe cualquier acto que directa o indirectamente limite la participación democrática”, enfatizó el comunicado, añadiendo que toda prórroga del estado de excepción debe ser evaluada bajo los principios democráticos y el control de constitucionalidad y convencionalidad.
La UNAH reiteró que, si bien la seguridad ciudadana es un deber esencial del Estado, la prórroga del estado de excepción solo sería constitucionalmente válida si se justifica de forma excepcionalísima, específica y con medidas mínimamente restrictivas. Según la academia, el decreto PCM 37-2025 no cumple con estos criterios.
Por ello, la universidad hizo un llamado al Congreso Nacional, la Sala de lo Constitucional y a los organismos internacionales de derechos humanos a ejercer un escrutinio estricto sobre esta medida, con el fin de proteger la libre determinación del pueblo hondureño y el desarrollo normal del proceso electoral.
