El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reiteró este sábado su solicitud a las Fuerzas Armadas de Honduras para que garanticen la guarda y custodia del material electoral utilizado en los recientes comicios generales, subrayando que dichos documentos son esenciales para resolver recursos de apelación y otros asuntos de competencia jurisdiccional.
El órgano electoral enfatizó que las Fuerzas Armadas no están obligadas a obedecer órdenes ilegales emanadas del Decreto Legislativo 58-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Dicho decreto ordena el recuento de las actas que actualmente permanecen bajo custodia militar, lo que el TJE considera una vulneración al marco jurídico vigente.
El tribunal recalcó que nadie puede desconocer la declaratoria oficial de las elecciones generales en todos los niveles electivos, pues constituye la expresión legítima de la voluntad popular. En ese sentido, advirtió que cualquier intento de alterar los resultados proclamados afecta directamente la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Mientras el decreto legislativo busca abrir la puerta a un nuevo escrutinio, el tribunal insiste en que la declaratoria ya emitida es definitiva y debe respetarse. Este choque evidencia una crisis de legitimidad que amenaza con profundizar la polarización política y debilitar la credibilidad de las instituciones.
La insistencia en que las Fuerzas Armadas actúen como garantes de la custodia electoral, pero no como ejecutoras de órdenes cuestionadas, marca un límite claro: el papel militar debe ser de resguardo, no de intervención en decisiones políticas.
El verdadero reto está en que las instituciones civiles logren resolver las disputas electorales sin trasladar la responsabilidad a los cuarteles.
