El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió esta tarde para ratificar la designación de un juez natural que conocerá la solicitud de requerimiento fiscal contra la diputada Isis Cuéllar y otros funcionarios vinculados al caso de desvío de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según confirmó una alta fuente del Poder Judicial, el expediente judicial involucra a una docena de acusados, entre ellos la congresista por Copán y el exministro José Carlos Cardona. Contra ambos existirían órdenes de captura por su presunta participación en la trama de corrupción.
El “cheque video”
La acusación se sustenta en un video que salió a la luz pública, en el que Cuéllar y Cardona reconocen el uso de recursos estatales para financiar actividades de campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). En la grabación, la diputada detalla cómo se emitieron cheques de 100 mil lempiras que luego fueron cambiados por personas de su confianza para adquirir kits valorados en unos 125 mil lempiras cada uno.
Los paquetes, según la propia Cuéllar, incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, camisetas, tazas y otros artículos promocionales destinados a fortalecer la estructura política de Libre en distintas coordinaciones departamentales.
Consecuencias políticas
La revelación del video provocó la destitución de Cardona como titular de Sedesol. En el caso de Cuéllar, la asamblea partidaria de Libre anunció su suspensión de cargos internos, la prohibición de participar como diputada en el Congreso Nacional y su veto como candidata a la reelección.
Sin embargo, estas medidas quedaron en el discurso y la congresista recobró vigencia política en el nuevo período legislativo iniciado el 25 de enero.
Posición del Poder Judicial
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el juez natural designado deberá admitir el requerimiento fiscal y determinar si procede la emisión de órdenes de captura. Asimismo, tendrá que programar la audiencia de declaración de imputado en caso de que se admita la solicitud.
Silva confirmó que varias personas están imputadas por la comisión del delito de fraude, lo que coloca este caso como uno de los procesos judiciales más relevantes en torno al uso indebido de fondos públicos para fines políticos.
