Una investigación publicada por Insight Crime ha encendido alarmas sobre el presunto daño ambiental provocado por el alcalde de San Manuel de Colohete, Elder Mejía, en el occidente de Honduras.
Según el reporte, el edil impulsó la reconstrucción de una carretera dentro de un parque nacional, específicamente en una zona protegida desde 2019, pese a las prohibiciones legales que rigen este tipo de proyectos.
La microcuenca “El Rancho”: vital y amenazada
La obra de infraestructura afecta directamente a la microcuenca conocida como “El Rancho”, fuente de agua esencial para cerca del 10% de la población local.
Durante más de tres décadas, familias de la zona han utilizado esta fuente hídrica para cocinar, limpiar y beber, convirtiéndola en un recurso indispensable para la vida comunitaria.
El Instituto de Conservación Forestal (ICF) declaró formalmente esta área como protegida en 2019. Sin embargo, la investigación indica que el alcalde Mejía habría aprovechado sus conexiones políticas para evadir las regulaciones ambientales y avanzar con la construcción, sin el debido respaldo legal ni las consultas necesarias con comunidades y autoridades ambientales.
Reacción comunitaria
Colectivos como Fuente de Vida, con presencia en San Juan, han denunciado el impacto ecológico de la carretera y exigen que se respeten las normativas de protección ambiental.
Para ellos, la obra no solo representa una amenaza al ecosistema, sino también un acto de negligencia hacia el acceso al agua potable de las familias más vulnerables.
La investigación plantea un dilema persistente en la región: ¿cómo equilibrar la necesidad de desarrollo local con la preservación de los recursos naturales esenciales para la vida?
Batallas legales y maniobras políticas
A principios de 2023, al menos dos denuncias formales sobre la carretera en Celaque habían sido interpuestas contra Mejía ante la unidad ambiental de la fiscalía regional. La fiscalía abrió una investigación, pero el proceso fue lento.
El equipo es pequeño, y tanto el jefe como los coordinadores adjuntos de esa unidad manejan decenas de casos en todo el occidente del país. Además, el sitio de la carretera ilegal es remoto y de difícil acceso.
Construcción ilegal de la carretera incluidas en un informe del ICF. Crédito: InSight Crime.
Mientras tanto, las obras continuaban. En un intento desesperado por frenar la construcción, el ICF contactó a Teófilo Enamorado, gobernador de Lempira, para convocar con urgencia una reunión del comité de alcaldes del parque y discutir el impacto ambiental de la carretera. Pero, según el funcionario del ICF que hizo la llamada, el gobernador nunca respondió formalmente.
Más adelante, Enamorado le dijo a InSight Crime que no tenía conocimiento de la carretera hasta que escuchó las denuncias y fue contactado por el ICF. Sin embargo, poco después de que se ignorara la solicitud de la reunión, documentos obtenidos por InSight Crime revelaron que Mejía adjudicó un contrato a una empresa copropiedad del hijo del gobernador para repavimentar una vía en el centro de San Manuel de Colohete.
El proyecto estaba valuado en casi 2 millones de lempiras (unos US$80.000). Mejía también ha sido fotografiado junto al gobernador y su hijo en diferentes eventos del partido Libre.
Lea investigación completa en: ¿Destrucción ambiental o desarrollo comunitario? La lucha de un alcalde en el occidente de Honduras
