La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves que el Presupuesto General de la República 2025 refleja una preocupante priorización de intereses políticos por encima de las necesidades reales de la población hondureña, al evidenciar recortes significativos en salud, educación y vacunación.
Ejecución presupuestaria limitada Al primer semestre del año, apenas se ha ejecutado el 42 % del presupuesto, concentrado principalmente en: sueldos y salarios, pago de deuda y transferencias por ley.
La inversión pública apenas alcanza el 23 % de ejecución, lo que limita el impacto directo en infraestructura y servicios esenciales.
El análisis de ASJ, basado en datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, revela que: El presupuesto creció 5.8 % respecto a 2024 y 49 % en comparación con 2021, 88 % de los fondos se concentran en gasto corriente y 10 de 113 instituciones públicas absorben 8 de cada 10 lempiras ejecutados.
Retroceso en salud y educación
La Secretaría de Salud recibió solo un 0.5 % de incremento, pero sufrió recortes de L 353 millones, afectando medicamentos (L 528 millones) y vacunas (L 373 millones). Hasta junio, ejecutó solo el 39.7 % de su presupuesto, con 0 % en vacunas
Educación tuvo un aumento del 5 %, mientras que DINAF enfrentó una reducción del 18 %
Aumentos en áreas no prioritarias
Secretaría de Defensa: +L 1,100 millones, incluyendo L 400 millones en equipo militar y L 85 millones para el proceso electoral, el Instituto Nacional Penitenciario: +101 %, la secretaría de Planificación Estratégica: +100 %, con 93 % destinado a publicidad e imprenta
En un año electoral, ASJ alertó sobre el uso partidario de fondos públicos para favorecer candidatos oficialistas.
También denunció la baja ejecución de deuda, pese a una reserva histórica de USD 3 mil millones, por la cual Honduras ya paga intereses sin aprovecharla plenamente.
Recomendaciones de ASJ
Priorizar inversión en salud, educación e inclusión social; contener el crecimiento de la masa salarial; reducir el gasto militar excesivo; regular y transparentar las modificaciones presupuestarias y prevenir el uso político de los fondos públicos.
La organización reiteró la urgencia de profesionalizar la gestión pública y garantizar la transparencia y participación ciudadana, para que cada lempira invertido contribuya realmente al bienestar colectivo.
Además, en el contexto de las recientes denuncias de corrupción, que evidencian el incremento del riesgo de uso partidario y desvío de fondos públicos en año electoral, favoreciendo a candidatos oficialistas y profundizando la corrupción, en detrimento del bienestar colectivo y la confianza ciudadana.
