En la octava entrega de la serie Estado de país, dedicada al espacio cívico, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) identificó un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de los derechos fundamentales en Honduras.

La organización denuncia campañas de odio y desprestigio dirigidas contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, iglesias, sector privado y cuerpo diplomático.
El informe de ASJ destaca que Honduras mantiene una calificación de espacio cívico reprimido, según el Monitor CIVICUS. Además, el Índice Chapultepec 2024 otorgó al país una puntuación de 40, reflejando altas restricciones a la libertad de prensa y expresión.
De manera similar, Freedom House clasifica a Honduras como parcialmente libre, mientras que Reporteros sin Fronteras ha alertado sobre el deterioro sostenido en la libertad de prensa en los últimos años.

ASJ ha expresado su preocupación por la prolongación del estado de excepción, que ha suspendido derechos fundamentales y otorgado a la Policía facultades extraordinarias para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. La organización advierte que esta medida podría convertirse en una herramienta de intimidación política, especialmente en contextos electorales.
Ante este panorama, ASJ hace un llamado urgente al gobierno de Honduras para que detenga los ataques desde instituciones y funcionarios del Estado contra periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. También insta a suspender el estado de excepción y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
La organización exhorta a la sociedad civil a defender el Estado de derecho, a la comunidad internacional a mantenerse vigilante, y al pueblo hondureño a ejercer su participación ciudadana para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el país.