En un giro inesperado dentro de la ya tensa coyuntura política hondureña, el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue capturado este martes por agentes policiales, acusado de participar en una red de corrupción que habría drenado más de 3,000 millones de lempiras del Estado a través de demandas ilegales.
La detención fue confirmada por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien detalló que junto a Márquez también fueron arrestados el juez Raymundo Gradiz, los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala.
Origen del caso: contratos irregulares y laudos no homologados
Según el Ministerio Público, el caso se remonta a inicios de los años 2000, cuando tras el paso del huracán Mitch, el Estado hondureño adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en el país. Esta, a su vez, subcontrató de forma presuntamente irregular a NAINSA, empresa que no tenía relación contractual directa con el Estado.
En 2001, el cooperante internacional canceló la ayuda por inconsistencias contractuales. Años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que constituye el núcleo de la acusación fiscal.
El rol de Márquez y otros implicados
Durante su gestión como titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Márquez habría remitido un informe legal a la Procuraduría General recomendando un acuerdo extrajudicial con NAINSA, lo que derivó en pagos millonarios al margen de procesos judiciales formales.
Otros implicados en el caso incluyen a: Martha Doblado, excoordinadora del gobierno, Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas, Murray Paul Palmer, representante legal de DRC Inc. Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, Rafael Eduardo Chávez y Aguilar, receptor del Poder Judicial
Controversia legal y política
La captura de Márquez ha generado fuertes reacciones. Abogados como Kenneth Madrid y Oliver Erazo han cuestionado la legalidad del procedimiento, señalando que al tratarse de un alto funcionario, debió nombrarse un juez natural (magistrado de la CSJ) para conocer el caso, y no proceder directamente con una orden de captura.
El diputado Francisco López denunció que la acción fue “ilegal y arbitraria”, y acusó a la magistrada Rixi Moncada de estar detrás de una estrategia para amedrentar a la oposición: “No nos sorprende, sabemos que Rixi Moncada está jugando su ajedrez político y trata de amedrentar a la oposición política.”
Contexto político delicado
La detención ocurre en un momento crítico, cuando el Congreso Nacional se prepara para una sesión clave en la que se espera que las bancadas de oposición jueguen un papel determinante en la resolución de la crisis política que atraviesa el país.
