La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, sostuvo este lunes que el juicio político no debe limitarse únicamente al Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sino que debe abarcar a otros funcionarios.
“Yo no creo que el juicio político termina con el Fiscal General y el consejero Ochoa, yo sí creo que en la lista deben de haber otras personas”, expresó ante periodistas, subrayando que lo único que se requiere es voluntad seria de las bancadas del Congreso Nacional.
Castellanos advirtió que el país no quiere que los diputados utilicen el juicio político como moneda de negociación para eliminar casos de investigación, y aseguró que el CNA presionará al Legislativo para que actúe, de lo contrario quedará en deuda con la ciudadanía.
La directora también señaló que deben revisarse las actuaciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y que el Ministerio Público debe dejar de ofrecer conferencias de prensa y enfocarse en investigaciones reales.
En cuanto a los casos de corrupción del gobierno anterior, Castellanos adelantó que la unidad de investigaciones del CNA trabaja en varios expedientes que serán presentados en las próximas semanas.
Criticó las contrataciones dirigidas a extranjeros que absorbieron recursos del Presupuesto General y calificó como un “abuso tremendo” la contratación de ciudadanos asiáticos para la construcción de hospitales, instando al actual gobierno a dar de baja esos convenios.
También pidió investigar si se contrataron ciudadanos de otras nacionalidades como cubanos o venezolanos.
Sobre el escándalo de los pasaportes diplomáticos vitalicios otorgados a exfuncionarios, Castellanos afirmó que “no es poca cosa” y que debe ser investigado por el Ministerio Público. “Hay que parar ese tipo de abusos de cada uno de los funcionarios que llegan a servirse y no servir”, increpó.
La directora del CNA recordó que el artículo 60 de la Constitución establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por lo que consideró inaceptable la existencia de privilegios permanentes para determinados sectores.
A su juicio, prácticas como estas debilitan la institucionalidad y afectan la credibilidad de las normas democráticas. “Cuando se privilegia a determinados grupos, ya sea por poder político o económico, se rompe el equilibrio que debe existir en una democracia”, concluyó.
