El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha dado un paso clave a la transparencia electoral al acreditar a 29 organizaciones nacionales e internacionales como veedoras oficiales para los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025.
Todas las entidades acreditadas deberán regirse por el reglamento aprobado el 12 de septiembre, que establece claramente los derechos, deberes, prohibiciones y mecanismos de acreditación para observadores y acompañantes electorales. Este marco busca garantizar una participación imparcial y técnica, evitando interferencias o sesgos durante el proceso.
Entre las organizaciones hondureñas que recibieron acreditación destacan: Asociación de Prensa Hondureña (APH), Asociación Hondureña de Mujeres Negras (Ahmun), Cáritas de Honduras, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Asimismo, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y otras plataformas gremiales, educativas y sociales.
Observadores internacionales: Center for Economic and Policy Research (CEPR), Embajada de Gran Bretaña en Guatemala (concurrente para Honduras) y Fundación 15 de Septiembre.
Cabe destacar que no figuran aún las misiones de la OEA ni de la Unión Europea, lo que ha generado inquietud entre algunos sectores sobre el alcance internacional de la observación electoral.
Las organizaciones civiles que deseen participar como observadoras nacionales aún pueden presentar su solicitud ante el CNE hasta el 30 de septiembre, incluyendo: Carta firmada por su representante legal, descripción de objetivos, alcance territorial y número tentativo de observadores, firma de carta de compromiso
El CNE se compromete a responder en un plazo máximo de diez días, tras lo cual se firmará la carta de entendimiento entre la organización y el ente electoral.
La acreditación no estuvo exenta de controversia. Algunos consejeros se opusieron a la inclusión de ciertas organizaciones nacionales, lo que evidenció diferencias internas sobre los criterios de selección y la imparcialidad de algunos actores.
Este proceso de acreditación marca un momento crucial en la preparación de las elecciones, en un contexto donde la confianza ciudadana y la transparencia institucional son más necesarias que nunca.
