Después de casi cinco meses de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) procederá al pago de cerca de 65 millones de lempiras a los transportistas que brindaron servicios logísticos durante las elecciones primarias.
Así lo confirmó el dirigente gremial Óscar Aguilar, en una declaración que, aunque esperanzadora, también expone los vacíos administrativos y la precariedad con que se gestiona el aparato electoral en Honduras.
El retraso se debió —según Aguilar— a una demora en la devolución de la documentación por parte del Ministerio Público, misma que recién fue resuelta. Lo que resulta preocupante es que, pese a haber cumplido con sus obligaciones contractuales, los proveedores no recibieron ni un anticipo, obligándolos a acudir a créditos bancarios que ahora los tienen al borde de la insolvencia.
Este tipo de negligencia institucional demuestra cómo el Estado puede colocar en situación de vulnerabilidad económica a sectores productivos, mientras continúa acumulando procesos judiciales inconclusos y gestiones administrativas plagadas de burocracia. El servicio de transporte electoral, lejos de ser un lujo, es un componente esencial para la democracia, y el abandono financiero de sus actores deja en evidencia la falta de planificación en el engranaje gubernamental.
Aunque Aguilar aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la licitación para las elecciones generales, la interrogante crítica persiste: ¿Qué garantías existen de que no se repita la misma cadena de omisiones, atrasos y desentendimientos? La participación electoral no debe depender de la buena fe de los proveedores, sino de un sistema sólido, transparente y cumplidor.
A esto se suma la investigación en curso que involucra al empresario Carlos Fonseca, parte del consorcio transportista, acusado de anomalías en la entrega del material electoral. Aunque se mantiene en libertad bajo medidas sustitutivas, el caso refuerza los cuestionamientos sobre la idoneidad de las empresas contratadas y los filtros institucionales para prevenir irregularidades.
El anuncio del pago no debe ser visto como un triunfo, sino como una deuda saldada con atraso y sin disculpas. Una democracia seria honra sus compromisos en tiempo y forma, sin someter a sus pilares operativos a la ruleta de la burocracia.
El CNE aún tiene la oportunidad de enmendar —pero necesita más que desembolsos, necesita confianza reconstruida desde la acción.
