El Congreso Nacional aprobó este martes, en su tercer y último debate, la iniciativa que despoja de varias facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, incluyendo la potestad de realizar nombramientos, traspasos y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
El decreto establece que, mientras se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados el que actuará de manera colegiada para ejercer las facultades de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
Facultades disciplinarias y administrativas
Para los procesos disciplinarios y despidos, el pleno deberá aprobar un mecanismo que garantice la participación de al menos tres magistrados propietarios.
La presidencia de la CSJ continuará ejerciendo funciones administrativas, pero bajo la aprobación del Plan Operativo Anual por parte del pleno y con obligación de rendir informes trimestrales.
Las decisiones serán válidas únicamente con el voto favorable de la mitad más uno de los magistrados.
Debate legislativo
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la reforma afirmando que se busca evitar el uso del Poder Judicial con fines ideológicos o políticos.
“Este Congreso va a apoyar y acompañar a todos los operadores de justicia para que hagan la tarea. Vamos a auditar su funcionamiento, su accionar, vamos a supervisar todo lo que ellos emprendan, porque no vamos a dejar que usen esa institución para fines ideológicos y políticos”, manifestó Zambrano.
El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, presentó la moción de dispensar el segundo debate y discutir únicamente el tercero, argumentando que se estaban realizando nombramientos de jueces al margen de la ley y sin concurso.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, denunció que el decreto constituye un “golpe de Estado” a la CSJ y que debería aprobarse mediante una reforma constitucional, acusando intereses partidarios detrás de la decisión.
Zambrano recordó que el decreto 05-2011 contemplaba la creación del Consejo de la Judicatura para manejar el personal y recursos administrativos del Poder Judicial, pero que fue declarado inconstitucional por razones políticas.
Con la reforma actual, se busca reactivar un esquema colegiado de administración mientras se define la creación de dicho consejo.
