La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, lanzó una crítica contundente contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, tras sus recientes declaraciones públicas sobre la intervención al CNE.
López lamentó que el fiscal esté emitiendo opiniones personales que, según ella, desvirtúan el rol institucional que debe ejercer como garante de la legalidad.
“La manera en que llegó al cargo fue altamente cuestionada”
En un tono firme, López cuestionó la legitimidad del nombramiento de Zelaya y advirtió que sus conductas actuales contradicen los principios legales que debería defender.
“No sé qué está pensando sobre su propio futuro”, expresó, señalando que el fiscal actúa más como operador político que como defensor de la justicia.
La presidenta del CNE denunció que trabaja bajo un ambiente de amedrentamiento ilícito, pero aseguró que no ha dejado de asistir a convocatorias ni de entregar la información requerida.
“La declaración del fiscal era innecesaria”, afirmó, dejando claro que no teme ser citada: “Esperaré que el Fiscal General me cite y abriré la boca”.
López también recordó que ya había sido amenazada anteriormente, por lo que no le sorprenden los ataques actuales. “Era cuestión de tiempo para que esto pasara”, dijo, en referencia a lo que considera una campaña de presión institucional.
Recordó que “en un programa de televisión, el 5 de marzo el consejero (Marlon) Ochoa pidió en público que me investigaran por conspiración, así que no es una sorpresa, hay cosas altamente predecibles en un país donde la democracia se debilita día a día y los órganos adicionales se colocan por encima de los órganos constitucionales dando órdenes alejadas de sus atribuciones de orden legal”, expresó.
La funcionaria electoral hizo un llamado a los organismos de derechos humanos y recordó que recientemente llegó al país la misión observadora de la Unión Europea, que puede hacer una lectura de lo que está pasando en el país.
¿Fiscalía independiente o brazo del oficialismo?
Las declaraciones de Zelaya, que incluyen amenazas de detención contra consejeros del CNE, han sido interpretadas por diversos sectores como un intento de judicializar el proceso electoral y presionar al órgano electoral para que se alinee con los intereses del oficialismo, especialmente en torno al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
López subrayó que el fiscal debería actuar guiado por la justicia y la verdad, no por intereses partidarios.
Su postura ha sido respaldada por figuras políticas y organizaciones civiles que advierten sobre el riesgo de debilitamiento institucional y la erosión de la democracia.
El enfrentamiento entre el CNE y el Ministerio Público revela una crisis institucional profunda, donde las amenazas y presiones sustituyen el diálogo y la legalidad.
