La presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió este lunes que despojarla de sus facultades administrativas podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, tras una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional.
El director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, leyó en comparecencia de prensa el pronunciamiento de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, quien alertó sobre las implicaciones de la propuesta aprobada en primer debate la semana pasada, presentada por el diputado liberal Francis Cabrera.
“El texto representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectarían gravemente la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento”, manifestó Duarte.
Señaló que el dictamen plantea otorgar facultades al pleno de magistrados, pero su redacción genera ambigüedad sobre competencias, niveles de decisión y responsabilidades.
La CSJ advirtió que trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de 15 magistrados, con exigencias de mayoría para su validez, podría generar cuellos de botella severos y retrasos en las funciones administrativas. Además, subrayó que toda reforma en materia de carrera y disciplina judicial debe respetar los estándares constitucionales y convencionales de independencia, imparcialidad y recurso efectivo.
El pronunciamiento también señaló que confiar al pleno funciones relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados comprometería la imparcialidad y la garantía del derecho de impugnación. Obando recalcó que las decisiones tomadas por la presidencia de la CSJ han estado dirigidas a sostener la continuidad del servicio de justicia y atender necesidades urgentes en el territorio nacional, asegurando que los nombramientos realizados han sido congruentes con las necesidades institucionales.
La presidenta solicitó al Congreso suspender la discusión de la iniciativa hasta realizar una revisión técnico-jurídica, abrir una mesa técnica institucional y avanzar hacia una solución real que contemple la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.
Finalmente, recordó que la función legislativa tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y autonomía de otro poder del Estado, por lo que pidió redirigir los esfuerzos hacia una verdadera solución de Estado.
