La recién creada organización Defensores por Honduras, alertó que en las próximas horas el Ministerio Público (MP) presentará requerimiento fiscal contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los hechos ocurridos en las elecciones primarias e internas realizadas el pasado 09 de marzo.
Según lo manifestado por la agrupación, conformada recientemente por líderes sociales y representantes de la sociedad civil, la acción del MP se derivaría de una serie de denuncias y hallazgos sobre posibles violaciones a la normativa electoral, errores de procedimiento y cuestionamientos en la cadena de custodia del voto, así como incongruencias en los resultados oficiales.
“Alertamos a la ciudadanía sobre una ofensiva legal que está a punto de materializarse contra los consejeros del CNE. De concretarse, estaríamos ante un hecho sin precedentes que pone en la mira la transparencia del ente electoral”, manifestaron voceros de Defensores por Honduras.
según el pronunciamiento, en las próximas horas el Ministerio Público estaría por presentar requerimientos fiscales contra las consejeras Ana Paola Hall, Cossette López y el consejero Marlon Ochoa. La organización denuncia que esta acción no responde a un interés legítimo de justicia, sino a una estrategia política para desmantelar la independencia del órgano electoral.
“Aparentan sacrificar al consejero Ochoa para legitimar una operación que busca eliminar a las dos únicas voces independientes dentro del CNE”, señala el comunicado, en referencia al supuesto intento de entregar el control absoluto del organismo a una facción del Partido Libre en el poder.
DHN advierte que esta maniobra forma parte de una “guerra judicial” orientada a romper el equilibrio institucional y minar la credibilidad del proceso electoral general de noviembre, el cual, aseguran, corre el riesgo de convertirse en una elección sin garantías ni transparencia.
“Esto no es justicia, es una jugada autoritaria que pone en riesgo inminente el proceso electoral y la paz social del país”, alerta la organización, que hizo un llamado a la ciudadanía, a los sectores democráticos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a mantenerse en estado de alerta permanente.
Además, solicitan a la comunidad diplomática, observadores internacionales y organismos de derechos humanos que observen de cerca el comportamiento de las instituciones hondureñas ante lo que consideran un grave retroceso democrático.
El comunicado concluye con una advertencia tajante: “Honduras no es una finca. El CNE no es un botín. ¡Por la democracia se lucha, la democracia se defiende!”
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni los miembros del CNE mencionados han emitido una reacción oficial ante las denuncias.
Este anuncio se da en un contexto de alta tensión política y creciente presión sobre las instituciones encargadas de garantizar la limpieza del proceso electoral, en vísperas de los comicios generales de 2025.
