Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos revela que Honduras sigue con graves restricciones a la libertad de expresión y de Derechos Humanos, grave corrupción gubernamental y femicidios, acentuados por un sistema judicial y la corrupción.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken presentó informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, el que representa una problemática, debido al estado de excepción prolongado y un aumento de la violencia de género.
Entre las cuestiones importantes en materia de DDHH figuraban los informes fidedignos de: arbitrariedad o homicidios ilegítimos; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigo por parte de agentes del gobierno.
Prisión dura y potencialmente mortal condiciones en arresto o detención arbitrarios, serios problemas con el la independencia del poder judicial y graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, incluidas las amenazas contra integrantes de los medios de comunicación
El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios policiales que han cometido abusos contra los derechos humanos o han incurrido en actos de corrupción, pero un sistema judicial y la corrupción son los principales obstáculos para la obtención de convicciones.
Grupos criminales, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los narcóticos traficantes, fueron importantes perpetradores de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas.
Prensa y otros medios
Los altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil sociedad y integrantes de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticos contra el gobierno, grupos de la sociedad civil denunciaron estos.
Las declaraciones tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, informaron que se autocensuraron por temor a las críticas, el acoso y represalias por parte del gobierno y sus partidarios.
Otros informaron directamente actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios gubernamentales o partidarios por ser críticos con el gobierno. Por ejemplo, agentes policiales intimidaron al periodista Orlín Martínez, alegando que era un Informante de grupos criminales.
Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de investigación del gobierno sobre amenazas e incidentes de violencia.
Censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa
La prensa se autocensuró por temor a represalias por parte de grupos criminales, narcotraficantes, organizaciones traficantes o críticas de funcionarios gubernamentales.
Asimismo, algunos medios de comunicación se autocensuraron para evitar perder lucrativos contratos publicitarios con el gobierno.
Algunos periodistas y otros miembros de la sociedad civil denunciaron amenazas por parte de miembros de grupos criminales. no estaba claro ¿Cuántas de estas amenazas estaban relacionadas con las profesiones de las víctimas o activismo?
Por ejemplo, el 30 de enero, agresores desconocidos asediaron al editor Carlos Barahona en Tegucigalpa, en diciembre del 22. Supuestos asaltantes mataron al comunicador social Javier Ramírez Amador en la ciudad de Danlí.
Ramírez trabajó para el Canal 24 y el Ministerio Público, había estado dando protección por parte de policías desde mayo bajo el Mecanismo Nacional de Protección.
El oficial que protegía a Ramírez también recibió un disparo durante el ataque. Las ONG creían que el asesinato fue una represalia por el trabajo de Ramírez investigando actividades criminales.
Varios sitios anónimos de redes sociales criticaron a los periodistas (así como a activistas y organizaciones de la sociedad civil) que criticaban al gobierno o de las políticas de los partidos de oposición.
Corrupción en el gobierno
La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron participar en prácticas corruptas con impunidad.
El 23 de mayo, la Fiscalía Especial para la Protección de Children informó que había recibido denuncias oficiales presentadas contra la ex directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámite de adopción irregular y presunto cobro de sobornos. El 26 de mayo, el presidente Castro aceptó su renuncia.
El CONADEH, investigó denuncias de abusos a los derechos humanos. Las ONG y otros grupos de la sociedad civil en general consideraron que esta comisión independiente, pero a veces ineficaz.
El Ministerio de Derechos Humanos actuó como defensor de los derechos humanos dentro el Gobierno. La Fiscalía Especializada del Ministerio Público Derechos Humanos manejó casos relacionados con acusaciones de abusos contra los derechos humanos por oficiales del gobierno.
El Ministerio Público también contaba con una Fiscalía Especial Oficina de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Social Comunicadores y funcionarios de Justicia.
Condiciones de las prisiones y centros de detención
Las condiciones carcelarias eran duras y, en ocasiones, ponían en peligro la vida debido a graves el hacinamiento, la desnutrición y la falta de atención médica, y el abuso por parte de las prisiones funcionarios.
El fracaso del gobierno para controlar la actividad delictiva y la violencia relacionada con las pandillas contribuyó significativamente a la inseguridad.
Condiciones físicas abusivas: Las prisiones estaban gravemente superpobladas. El CONAPREV informó que, al 31 de marzo, la población carcelaria era más más de 19.500, en un sistema diseñado para aproximadamente 13.000 reclusos.
LEA INFORME COMPLETO: Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: Honduras
