La designada presidencial María Antonieta Mejía volvió a denunciar una serie de irregularidades cometidas por las autoridades salientes del gobierno de Libertad y Refundación, señalando que se encontraron abusos en distintas instituciones públicas y un manejo desordenado de los recursos estatales.
Entre las anomalías expuestas, destacó que unos cinco mil docentes pasaron de ganar 34 mil a 75 mil lempiras mensuales al ser trasladados a “asistencias técnicas”, sin cumplir con los procesos establecidos.
Mejía mencionó que entre los beneficiados se encuentran el diputado Edgardo Casaña y el exministro de Educación Daniel Sponda, lo que calificó como un privilegio irregular que dejó un “mal sabor de boca” en el gremio magisterial.
La funcionaria también denunció la contratación masiva de cubanos en las secretarías de Salud y Educación, cuyos convenios aún se investigan para determinar condiciones y costos. Reveló que se erogaban seis millones de lempiras mensuales para pagar a 59 médicos extranjeros, a través de Inprema e Injupemp.
En el caso del sistema de vigilancia 911, Mejía aseguró que fue infiltrado por el crimen organizado y que se instalaron cámaras de origen chino tras la cancelación abrupta de la empresa que prestaba servicios.
Señaló que el personal será revisado uno por uno para garantizar su idoneidad y devolver al 911 su función original de apoyo a la ciudadanía.
Sobre Casa Presidencial, reveló que se encontraron las instalaciones vacías, salvo un salón de belleza moderno y bien equipado que pertenecía a la expresidenta Xiomara Castro.
“Aquí dejaron limpias las instituciones, como salón de baile todas las secretarías de Estado”, expresó, al tiempo que denunció la desaparición de documentación soporte para pagos y proyectos.
Mejía lamentó que el Ministerio Público no actúe de oficio ante estas irregularidades y aseguró que el nuevo gobierno trabaja en reducir el aparato estatal, ordenar las finanzas y garantizar que los procedimientos se hagan enmarcados en la ley, respetando los derechos laborales.
Añadió que las intervenciones a instituciones serán temporales, con plazos definidos y resultados concretos, para evitar que se conviertan en cargas costosas e ineficaces.
