El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, ordenó este miércoles una intervención inmediata al Consejo Nacional Electoral (CNE), instruyendo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a recolectar documentos, pruebas y testimonios relacionados con el atraso en el proceso electoral de noviembre y presuntas irregularidades internas.
Zelaya acusó a los consejeros del CNE de no responder a los intereses del país, y advirtió que serán citados de forma inmediata. Si se niegan a colaborar, el fiscal instruyó a la ATIC a detenerlos, afirmando que no permitirá que se obstruya el proceso electoral.
Denuncias graves: ¿Conspiración o crisis institucional?
El Fiscal General mencionó que el Ministerio Público investiga denuncias de conspiración, extorsión y sabotaje electoral, incluso entre los propios consejeros del CNE.
Según Zelaya, el cronograma electoral está paralizado desde hace un mes, y hay actores externos que estarían influyendo en las decisiones del ente electoral.
Además, recordó los eventos del proceso electoral de 2017, calificándolos como “vergonzosos”, y aseguró que no se permitirá repetir ese capítulo oscuro en la historia democrática del país.
Aunque el discurso de Zelaya apela a la defensa de la democracia y la esperanza del pueblo hondureño, el tono confrontativo y las amenazas de detención han generado inquietud en sectores políticos y sociales.
La crisis ocurre a solo meses de las elecciones generales. El TREP, que debería ser una herramienta técnica para garantizar resultados rápidos y confiables, se ha convertido en un campo de batalla político.
Además, el Ministerio Público, bajo la dirección de Zelaya, parece estar priorizando denuncias alineadas con el oficialismo, mientras minimiza otras investigaciones clave.
El pueblo exige transparencia, no intimidación
La ciudadanía hondureña merece procesos electorales limpios, transparentes y confiables, pero también instituciones que respeten el debido proceso y la legalidad.
La intervención del CNE, aunque justificada por denuncias graves, debe manejarse con prudencia, imparcialidad y respeto a la institucionalidad democrática.
La justicia no debe convertirse en un instrumento de presión, sino en una garantía de que la voluntad popular será respetada sin interferencias ni amenazas.
