El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reveló que las demandas y embargos en deterioro de la caja única del Estado ascienden a 3 mil 903 millones de lempiras en lo que va de 2026.
La cifra, según el funcionario, representa recursos que pudieron haberse destinado a duplicar la compra de medicamentos, garantizar textos escolares por seis años o construir más de 240 kilómetros de carreteras.
El problema, sin embargo, va más allá de los números. Hernández denunció que existen irregularidades en la emisión de sentencias desde la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde jueces omiten la comunicación con la Tesorería de la República y ordenan embargos directamente sobre cuentas del Banco Central.
Incluso señaló posibles colusiones entre personal judicial y defensores privados para “atacar el tesoro nacional”.
Los antecedentes muestran que esta práctica no es nueva: en distintas instituciones públicas se han acumulado embargos multimillonarios, como los 7 mil 418 millones en la Secretaría de Salud, 1 mil 712 millones en Recursos Naturales y Ambiente, más de 1 mil millones en la Procuraduría General de la República y cifras similares en Desarrollo Social, Hondutel, SANAA y varias alcaldías.
El patrón revela un Estado debilitado, con instituciones expuestas a demandas que drenan sus recursos y ponen en precario la gestión pública.
La crítica es clara: mientras se habla de proyectos de reactivación económica y desarrollo humano, la caja única del Estado se desangra por fallos judiciales y vacíos administrativos que no han sido corregidos. La deuda flotante de 24 mil millones de lempiras que debe pagarse agrava aún más el panorama.
El llamado del ministro al Congreso para aprobar la Ley de Reactivación Económica puede sonar urgente, pero la raíz del problema está en la falta de control institucional y en la vulnerabilidad del sistema judicial frente a intereses particulares.
Sin una depuración real y un mecanismo transparente que proteja los recursos públicos, cualquier ley será insuficiente. Honduras enfrenta no solo una crisis financiera, sino una crisis de credibilidad en sus instituciones, y mientras no se corrija, los embargos seguirán siendo una “piñata” que golpea directamente al pueblo.
