En madrugón aprueban reformas a la ley del subsector eléctrico
El Congreso Nacional aprobó este lunes en un madrugón, el tercer y último debate, la Ley de Justicia Energética, con el respaldo de 78 diputados entre ellos dos diputados de Libertad y Refundación. La normativa introduce cambios profundos en el marco legal del sector eléctrico marcando así un paso decisivo.
La nueva ley establece la reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que pasará a funcionar como empresa matriz con tres subsidiarias: generación, transmisión y distribución. Todas estarán bajo control estatal, garantizando que el servicio eléctrico permanezca en manos públicas.
Uno de los aspectos más destacados es el blindaje de los activos estratégicos de la ENEE. La normativa declara que estos bienes son intransferibles e inalienables, lo que impide su privatización o venta sin autorización expresa del Congreso Nacional.
En beneficio de los usuarios, la ley ordena el congelamiento de las tarifas eléctricas por un período inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis. Esta medida busca aliviar la carga económica de los hogares hondureños en medio de un contexto de inflación.
Asimismo, se mantienen los subsidios para familias con consumos menores a 150 kWh y se contempla la condonación de deudas para usuarios residenciales de bajos recursos con consumos de hasta 250 kWh.
La normativa también prohíbe las contrataciones directas de energía. A partir de ahora, las adquisiciones deberán realizarse mediante licitaciones públicas y subastas inversas, con participación de veedores sociales para garantizar transparencia en los procesos.
Previo a la aprobación, la Comisión de Energía llevó a cabo mesas de diálogo con empresarios, sindicatos, organismos internacionales y sociedad civil. Las propuestas recibidas fueron incorporadas en el dictamen final, lo que dio mayor legitimidad al proceso.
El ministro de Finanzas advirtió que, aunque las reformas representan un avance, aún persisten retos financieros para la ENEE. Entre ellos, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, garantizar pagos a generadores y atraer inversión en infraestructura de transmisión y distribución.
La aprobación generó reacciones diversas. Mientras sectores oficialistas celebraron la medida como un triunfo para la soberanía energética, algunos analistas señalaron que la efectividad dependerá de la correcta implementación y del compromiso real de las autoridades.
De los 35 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), la mayoría se opuso a la iniciativa argumentando que la reestructuración corporativa bajo el Código de Comercio abre la puerta a la privatización del servicio eléctrico. Sin embargo, dos diputados de Libre rompieron la línea partidaria y votaron a favor de la ley, sumándose a los 78 votos que permitieron su aprobación. Este hecho generó debate interno en la bancada, que había mantenido una postura crítica frente al dictamen.
