El estado de excepción decretado en diciembre de 2022 para frenar la criminalidad en Honduras concluye este lunes, luego de haber sido prorrogado en al menos 24 ocasiones por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La medida, que se aplicó en 226 de los 298 municipios del país, generó posturas encontradas entre las autoridades y organismos de derechos humanos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la eficacia del régimen al destacar la reducción de la tasa de homicidios de 42 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 23 en 2025, atribuyendo el descenso al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción, con el que el Gobierno declaró la “guerra” a las maras y pandillas.
Sin embargo, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía cuestionó la prolongación de la medida, señalando que se desvirtuó su carácter “excepcional” para convertirse en una norma permanente que restringió garantías constitucionales sin justificación legal.
Mejía denunció más de 1,000 violaciones a derechos humanos y advirtió que no existe evidencia técnica que vincule directamente la reducción de homicidios con el régimen de excepción.
En la misma línea, el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, aseguró que la medida “definitivamente no funcionó” y documentó casos de torturas, coacción para obtener confesiones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Cáceres instó a transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana policial, con enfoque de género y derechos humanos.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y la CIDH también han expresado preocupación por la participación de militares en tareas de seguridad y han pedido a Honduras adoptar una política integral de seguridad ciudadana.
El nuevo gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura, que asumirá el poder este martes, enfrenta el reto de definir si continuará con este tipo de medidas o si construirá una política de seguridad basada en derechos humanos y participación comunitaria.
