El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló este viernes que en los últimos diez días el Estado hondureño ha enfrentado ejecuciones de embargos superiores a los 3,000 millones de lempiras, lo que calificó como un “ataque sistemático” al Tesoro Nacional.
El funcionario denunció que existen actores públicos y privados que “pareciera que se han coludido” para afectar las finanzas del país, señalando participaciones irregulares entre miembros de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y defensores privados.
“En los últimos cinco años se embargó al Estado de Honduras por un monto aproximado de casi 10,000 millones de lempiras. Sin embargo, solamente en los últimos 10 días llevamos ya embargos superiores a los 3,000 millones de lempiras que están afectando el Tesoro de la República y que afectan no solamente un plan de gobierno, sino temas de alto interés como la salud y la educación”, declaró Hércules.
El ministro advirtió que la situación compromete directamente la ejecución presupuestaria en áreas sensibles como la atención médica y la educación de la niñez, por lo que resulta urgente realizar un “análisis profundo” sobre lo que sucede en el sistema de justicia.
En ese sentido, sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, en la que participaron magistrados de la Sala Laboral, el procurador general Dagoberto Aspra y representantes del Banco Central.
El encuentro buscó establecer medidas de coordinación para frenar las retenciones judiciales que, según Finanzas, se ejecutan sin comunicación previa con la Tesorería General, incumpliendo disposiciones constitucionales.
“Es importante revisar qué está sucediendo y tomar medidas tanto por parte del Poder Judicial como del Banco Central y del Gobierno, respetando la independencia de poderes, pero actuando con complementariedad para poner un freno al tema de los embargos”, explicó Hércules.
El procurador Dagoberto Aspra reconoció que muchas demandas tienen fallas de origen, especialmente por despidos mal ejecutados, lo que aumenta la expectativa de pérdidas en los juicios. También alertó sobre focos de riesgo en juzgados de Choluteca y Olancho, donde se estarían gestando demandas laborales “prácticamente fuera de control”.
El portavoz judicial, Melvin Duarte, confirmó que la presidenta de la Corte instruyó investigar posibles irregularidades en la participación de servidores judiciales. “Si hubo alguna participación fuera de la norma, es el tipo de investigación que realiza la Supervisión General”, indicó.
Hércules subrayó que no se trata de evadir responsabilidades, sino de garantizar que las demandas se paguen sin comprometer obligaciones esenciales como salarios, salud y educación.
Además, adelantó que el Gobierno presentará próximamente ante el Congreso Nacional la reformulación del Presupuesto 2026 y destacó la “buena voluntad” de Estados Unidos para negociar aranceles, en reconocimiento a las políticas económicas implementadas.
