Este miércoles se conoció que la exministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, solicitó el 20 de enero de 2026 la creación de mil 571 plazas laborales permanentes en el Sistema Nacional de Emergencias 911, apenas siete días antes de abandonar su cargo.
La petición fue dirigida al entonces ministro de Finanzas, Christian Duarte, quien respondió el 26 de enero, un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura, que la solicitud no podía ser atendida debido a que las instituciones del sector público operaban bajo el Presupuesto General de 2025.
El director del Sistema 911, José Leonardo Mejía, confirmó la existencia del oficio y explicó que el objetivo de la propuesta era otorgar acuerdos directos a los empleados, cuyos contratos finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, aclaró que no se encontraron documentos en recursos humanos que respaldaran la creación de dichas plazas.
Mejía informó que la institución inició un proceso de revisión y depuración administrativa que involucra a cerca de 1,500 empleados, con el fin de verificar el cumplimiento de funciones, detectar posibles irregularidades y evaluar capacidades.
Añadió que, por tratarse de una entidad vinculada a la seguridad nacional, se aplicarán pruebas de confianza y revisión de expedientes.
El funcionario señaló que el conflicto actual con algunos trabajadores surgió por la expectativa generada en enero de que serían incorporados mediante acuerdos permanentes, lo que no se concretó por falta de presupuesto aprobado para 2026.
“Los contratos finalizaron el 31 de diciembre y no existen acuerdos firmados que respalden lo contrario”, puntualizó, lamentando que varios empleados hayan sido mal informados, lo que derivó en protestas ante la llegada de las nuevas autoridades.
La solicitud de la exministra Sarahí Cerna para crear 1,571 plazas permanentes en el Sistema Nacional de Emergencias 911, a tan solo días de dejar el cargo, refleja la irresponsabilidad del gobierno anterior al pretender comprometer recursos públicos sin respaldo presupuestario ni planificación técnica.
Este tipo de decisiones de última hora no solo alimentan expectativas falsas entre los trabajadores, sino que también profundizan la fragilidad administrativa del Estado, dejando a las nuevas autoridades con conflictos laborales y financieros que pudieron evitarse con una gestión transparente y responsable.
