En medio de crecientes cuestionamientos públicos, se ha confirmado que el actual gobierno ha recaudado más de 15 mil millones de lempiras por concepto de la Tasa de Seguridad, un impuesto que en su momento fue fuertemente cuestionado por quienes hoy ocupan el poder ejecutivo.
Según datos de la Secretaría de Finanzas, entre 2022 y lo que va de 2025 se han captado 15,222 millones de lempiras mediante este mecanismo tributario, que continúa operando bajo la modalidad de fideicomiso, proporcionando así una fuente directa de ingresos al Estado.
De la crítica al uso continuo
La Tasa de Seguridad fue instaurada con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales frente al crimen organizado y la violencia.
Sin embargo, desde su creación ha estado envuelta en polémica por su falta de transparencia y presuntos manejos discrecionales, señalados por organismos sociales y actores políticos, incluidos los que hoy integran el oficialismo.
Analistas han calificado como contradictorio que el actual gobierno mantenga y utilice un instrumento fiscal que en el pasado catalogaron como “opaco” y “lesivo para el pueblo hondureño”.
A su vez, exigen mayor rendición de cuentas y acceso público a los fondos ejecutados mediante esta tasa.
Distribución institucional de los fondos: Secretaría de Seguridad: L. 8,691 millones, Secretaría de Defensa: L. 2,133 millones, Instituto Nacional Penitenciario: L. 1,318 millones, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Secretaría de la Presidencia: L. 720 millones.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió L. 467 millones, Servicio de la Deuda Pública: L. 1,034 millones, Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI): L. 43 millones, Secretaría de Derechos Humanos: L. 58 millones y el Poder Judicial: L. 25 millones.
Transparencia y críticas
Aunque el fin original de la tasa era reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado, diversos sectores han cuestionado su sostenibilidad y transparencia, especialmente porque ha sido utilizada bajo la modalidad de fideicomiso, lo que limita la fiscalización pública directa.
Analistas y sectores sociales consideran que la distribución actual plantea nuevos desafíos para la rendición de cuentas, y piden que se publiquen informes claros sobre la ejecución y resultados concretos de los fondos destinados.
La continuidad del cobro reabre el debate sobre el uso de figuras financieras que escapan a mecanismos tradicionales de fiscalización, y sobre la necesidad urgente de reformas estructurales en la administración de fondos destinados a la seguridad ciudadana.
