Este martes marca una fecha límite de relevancia para la democracia hondureña: ya que este día vence el plazo legal para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta vital para garantizar la transparencia de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La incapacidad institucional para cumplir con este requisito no solo amenaza con entorpecer el cronograma electoral, sino que podría socavar la legitimidad del proceso entero.
El Congreso Nacional se enfrenta hoy a una votación determinante. Se necesita una prórroga para evitar el colapso del calendario electoral, pero la aprobación exige al menos 65 votos.
Según el diputado Yahvé Sabillón, si no se actúa hoy mismo, el proceso quedará fuera de los márgenes legales establecidos por la Ley Electoral, lo que abriría paso a impugnaciones y narrativas de fraude.
El estancamiento político-institucional
La adjudicación del TREP se ha visto paralizada por disputas internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a que dos de los tres consejeros aprobaron el proceso por mayoría simple —como establece la Ley—, el consejero oficialista Marlon Ochoa abandonó las sesiones alegando que toda decisión debería ser unánime. Esta postura, adoptada por Libre, ha generado un bloqueo técnico e institucional que impide avanzar, a pesar del llamado de expertos a respetar el principio de mayoría.
Congreso entre la legalidad y la incertidumbre
Los intentos fallidos por abrir el proceso de ofertas reflejan un patrón preocupante de sabotaje y falta de voluntad política.
El caso más grave ocurrió el 7 de julio, cuando una manifestación encabezada por militantes de Libre impidió el acceso al CNE, frustrando la participación de las empresas postulantes.
El retraso acumulado vulnera el artículo 278 de la Ley Electoral, que exige que el TREP se adjudique con al menos cuatro meses de anticipación.
La omisión del Congreso este martes no sería simplemente un error administrativo: representaría un golpe directo a la institucionalidad democrática.
De no aprobarse la prórroga, Honduras se encaminaría a una elección marcada por la duda, la opacidad y el debilitamiento de la confianza pública.
En medio de este escenario, los ciudadanos merecen claridad, responsabilidad y decisiones que prioricen el interés colectivo por encima de los cálculos partidarios. El reloj corre, y con él, la credibilidad electoral del país.
El proceso está marcado por irregularidades y tensiones políticas, luego de que dos de las tres empresas oferentes, Mapa Soluciones e Interseg S.A. de C.V., no lograran ingresar a presentar su documentación por disturbios protagonizados por colectivos del partido Libre en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE). La única empresa que logró formalizar su propuesta fue Smartmatic, aunque sus pliegos no fueron admitidos por incumplimientos en los requisitos técnicos establecidos por el CNE.
