El reciente informe del Proyecto de World Justice Project (WJP) ha destacado una disminución preocupante en el estado de derecho a nivel global, un declive que se ha mantenido durante los últimos seis años consecutivos.
En esta edición del ranking, Honduras se posiciona en el puesto 119 de 142 países, revelando una mejora de 4 puntos en comparación con el año anterior a nivel mundial, y un incremento marginal de 0.01 en el contexto latinoamericano, situándose en el lugar 28 de 42 naciones evaluadas.
Los datos recopilados por WJP resaltan una tendencia preocupante en la mayoría de los países analizados, reflejando una disminución del estado de derecho en el 59 por ciento de los territorios estudiados.
En una calificación de 0 a uno, donde cero es menos adhesión al Estado de Derecho, el ranking da a la nación centroamericana una puntuación general de 0,42.
Lo anterior representa una ligera alza positiva respecto al cambio de rango en donde ha mejorado en +3 la calificación en relación al año 2023.
En América Latina, pese a esto Honduras se encuentra por debajo de Guatemala y El Salvador, detalla el organismo
El analista político, Lester Ramírez, apuntó que dicho índice es considerado por la Cuenta del Milenio en donde Honduras no ha podido acceder a los fondos que este provee.
En la presentación sobre rango regional, Honduras es 27 de 32 y en rango de ingresos es 23 de 38.
El Índice de Estado de derecho que elabora por séptima ocasión el WJP, se da un puntaje de 0,39 a Honduras en el factor de restricciones a los poderes gubernamentales, es decir, una clasificación global de 111 sobre 142.
En el factor 2 relacionada a ausencia de corrupción, la tabla colorea al país en un casi rojo con una puntuación de 0,32 en esta edición en donde la clasificación mundial es de 119.
Lo que parece ser uno de los peores datos es el factor de justicia penal en el que el puntaje es de 0,27 y la clasificación global de 132 en la escala de 142 naciones. El documento revela que este es uno de los mayores retos para las autoridades del país.
“Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra individuos que cometen delitos contra la sociedad”, específica el WJP.
Agrega en ese sentido que la evaluación de la administración de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios de prisiones.
De esa manera el desglose muestra que el sistema de investigación criminal es bajo, al igual que el sistema para reducir la conducta delictiva y la imparcialidad.
Los hallazgos del informe subrayan la importancia crítica de fortalecer el estado de derecho en Honduras y en todo el mundo para garantizar sociedades justas y equitativas.
