La Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por nueve diputados afines al oficialismo, volvió este miércoles a colocarse en el centro de la polémica al desconocer la validez de las elecciones generales, repitiendo el discurso del Partido Libertad y Refundación (Libre) y profundizando la crisis política que atraviesa el país.
En conferencia de prensa, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, insistió en que existe “un golpe electoral en curso”, supuestamente materializado mediante acciones que —según él— vulneraron la integridad, la transparencia y las atribuciones constitucionales del proceso.
La postura, sin embargo, contrasta con el llamado de diversos sectores a respetar los resultados y con el hecho de que la Comisión Permanente opera en un marco cuestionado por su legalidad y legitimidad, al haber asumido funciones extraordinarias sin el pleno del Congreso.
Redondo elevó aún más el tono al acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de interferir en la voluntad popular hondureña mediante presiones para favorecer a un candidato e incluso utilizar como “moneda de cambio” un eventual indulto para Juan Orlando Hernández.
Las declaraciones, sin evidencia pública que las respalde, se suman a una narrativa que busca desacreditar el proceso electoral desde múltiples frentes.
El titular del Congreso aseguró que el Legislativo “no validará un proceso manchado” por presiones internas de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico ni por supuestas injerencias externas.
También denunció fallas en el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), afirmando que no funcionó conforme a lo establecido y que coincide con denuncias divulgadas en audios recientes.
“Honduras no aceptará injerencia extranjera de ningún país y de ningún tipo, mucho menos aquellas que pretendan imponerse sobre la voluntad popular”, declaró Redondo, insistiendo en que las elecciones de 2025 “carecen de validez democrática y jurídica” si el voto no se ejerció en libertad.
Finalmente, pidió a las misiones de observación electoral incluir en sus informes un análisis detallado de las amenazas denunciadas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que —según él— afectaron la verificación biométrica.
La postura de la Comisión Permanente, considerada ilegal por amplios sectores jurídicos y políticos, profundiza la confrontación institucional y alimenta un clima de incertidumbre en un momento en que el país demanda claridad, responsabilidad y respeto a la voluntad ciudadana.
