Las recién nombradas autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911 iniciaron este lunes un proceso de depuración para retomar el control de la institución estatal.
Como parte de las medidas adoptadas, a a varios empleados no se les permitió el acceso a las instalaciones, lo que ha generado malestar entre el personal.
Según se informó, estas acciones responden a graves denuncias de politización y, más delicado aún, a la infiltración de estructuras criminales dentro de la entidad.
Este hecho se produce en un contexto marcado por antecedentes que han debilitado la credibilidad del 911. En la administración anterior se denunció la contratación de personal con supuestos vínculos con organizaciones criminales, razón por la cual las nuevas autoridades anunciaron la aplicación de pruebas de confianza, entre ellas polígrafo, exámenes toxicológicos y la verificación de antecedentes policiales y penales.
El objetivo es garantizar que los empleados no tengan cuentas pendientes con la justicia hondureña, aunque especialistas advierten que esta situación debe ser investigada a profundidad para evitar arbitrariedades.
Cabe recordar que en la gestión pasada se realizaron despidos masivos de personal operativo capacitado, encargado de atender llamadas y operar cámaras de video-protección.
En su lugar, se contrató a activistas del partido Libertad y Refundación, quienes no contaban con formación técnica ni fueron sometidos a las pruebas de confianza necesarias.
Este proceso de sustitución debilitó la capacidad de respuesta de la institución y generó cuestionamientos sobre su imparcialidad.
